Tegucigalpa – Un nuevo éxodo de migrantes hondureños se ha puesto en marcha entre la noche del lunes y la mañana del martes, buscando alcanzar la frontera estadounidense antes de la toma de posesión de Trump el 20 de enero.
Este movimiento ocurre en medio de crecientes tensiones diplomáticas y un panorama cada vez más hostil para la inmigración.
Las autoridades gubernamentales han adoptado posturas divergentes frente al fenómeno.
El vicecanciller Antonio García restó importancia al evento, calificándolo como «parte de un flujo normal natural» y enfatizando la presencia histórica de aproximadamente 1.5 millones de hondureños en Estados Unidos.
En la misma línea, el diputado Bartolo Fuentes, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se resistió a calificar el movimiento como una «caravana migratoria».
Sin embargo, la realidad en las calles muestra una historia diferente. Los migrantes, impulsados por el desempleo, bajos ingresos e inseguridad generalizada, continúan su marcha, aparentemente inmunes tanto a las amenazas antiinmigrantes de Trump como a las tensiones diplomáticas entre ambos países.
El contexto se complica con la reciente aprobación en la Cámara Baja estadounidense de una ley que endurece las medidas contra inmigrantes indocumentados que cometan delitos, conocida como ley Laken Riley.
Esta legislación, que será considerada por el Senado el próximo viernes, refleja el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
La persistencia de estos movimientos migratorios, a pesar de las circunstancias adversas, subraya la profunda crisis socioeconómica que continúa empujando a los hondureños a buscar mejores oportunidades en el norte, sin importar los riesgos o las consecuencias políticas.
