Tegucigalpa – Honduras enfrenta una tormenta perfecta en materia migratoria que podría traducirse en un impacto devastador para su economía doméstica. El avance del proyecto fiscal republicano que incluye un impuesto del 3.5% a las remesas, sumado al silencio oficial sobre la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS), coloca al país ante la perspectiva de una crisis económica y social de proporciones considerables.
El proyecto impulsado por la administración Trump ya superó su primera etapa legislativa tras ser aprobado en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y ahora se dirige al Senado, donde también cuentan con mayoría. La medida establece que el impuesto debe ser pagado por el remitente y cobrado por las empresas remesadoras, quienes posteriormente lo entregarán al Tesoro estadounidense.
El Banco Central de Honduras (BCH) proyectó en su Programa Monetario 2025 que el país recibirá aproximadamente 10,000 millones de dólares en remesas de compatriotas radicados en el extranjero, cifra que representa uno de los pilares fundamentales de la economía nacional y el sustento directo de más de un millón de hogares hondureños.
Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), advierte que de ser aprobado por el Senado, «estaríamos hablando de entre 350 y 500 millones de dólares que sería el efecto en nuestra economía». La especialista detalla que este impacto tendría múltiples dimensiones: «Por un lado, afectaría el nivel de reservas internacionales netas porque en el Programa Monetario se consideraron la entrada de 10,000 millones de dólares en 2025, pero con este impuesto, este ingreso ya va a ser menor».
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha calificado la medida como «un golpe directo a las familias más vulnerables», subrayando que las remesas constituyen frecuentemente la única fuente de ingresos para sectores en condición de pobreza que dependen de estas transferencias para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
Paralelamente, una segunda crisis se gesta en el silencio oficial. Alrededor de 55,000 familias hondureñas viven en una agonizante incertidumbre tras el vencimiento del plazo para la comunicación sobre la extensión del TPS, programa implementado desde enero de 1999 como respuesta a los efectos del huracán Mitch.
El permiso actual vence el 5 de julio de 2025, y según los procedimientos establecidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debería haber emitido una decisión el 5 de mayo sobre la extensión o cancelación del programa. Sin embargo, la dependencia estadounidense no ha publicado comunicado alguno, dejando a decenas de miles de hondureños en un limbo legal que afecta directamente su estabilidad laboral, familiar y económica.
Los antecedentes de la actual administración republicana no proyectan un panorama favorable. Trump ha mantenido una línea dura contra la inmigración, combatiendo vigorosamente en los tribunales federales para implementar medidas antiinmigrantes orientadas a deportar la mayor cantidad posible de indocumentados. Los tribunales ya han fallado a favor del gobierno federal en casos similares que involucran a venezolanos, mientras hondureños y otros centroamericanos aguardan decisiones que definirán su futuro.
La intensificación de las capturas de inmigrantes indocumentados y sus deportaciones responde a instrucciones directas de Trump, quien ha exigido a su gabinete incrementar significativamente la cantidad de «viajes de salida» del país, eufemismo utilizado para referirse a las deportaciones masivas.
En Honduras, más allá de la espera sobre decisiones que se toman en Washington, la respuesta gubernamental parece insuficiente ante la magnitud de los desafíos. El país se encuentra inmerso en un ambiente preelectoral cargado de incertidumbre, mientras el gobierno actual muestra limitada capacidad de acción frente a crisis que podrían derivar en consecuencias sociales y económicas de gran envergadura.
La combinación de estos factores —reducción de remesas por impuestos y posible pérdida del TPS— plantea un escenario donde la economía hondureña enfrentaría una disminución sustancial en el ingreso de divisas, precisamente cuando el país más necesita estabilidad económica para atender múltiples desafíos internos, incluyendo la crisis social generada por casos como el de Koriun Inversiones y las demandas de seguridad ciudadana que caracterizan el debate electoral actual.
