Tegucigalpa – La subsecretaria de Seguridad de Honduras, doctora Julissa Villanueva, lanzó una fuerte denuncia sobre lo que considera la «instrumentalización política de pruebas forenses» en el país, advirtiendo que esta práctica pone en riesgo la integridad del sistema de justicia y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
A través de sus redes sociales, Villanueva publicó un extenso análisis donde señala que «la instrumentalización de la prueba criminalística forense en la política se refiere al uso, a menudo indebido, de la evidencia científica forense para servir a intereses políticos, en lugar de para la búsqueda de la verdad o la administración de justicia».
La funcionaria describió diversas formas en que esta práctica puede manifestarse, incluyendo la manipulación directa de evidencia donde «los hallazgos criminalísticos pueden ser alterados o tergiversados para encajar con una narrativa política particular, o para favorecer a un lado en un caso en particular».
Villanueva también identificó la «ignorancia o desprecio de la evidencia» como otra modalidad problemática, donde «la evidencia científica forense puede ser ignorada o desestimada si no apoya la narrativa política deseada», así como el «uso selectivo de la evidencia», presentando solo aquellas pruebas que respalden determinada narrativa mientras se ignoran las contradictorias.
Un aspecto particularmente grave señalado por la subsecretaria es la «influencia política sobre los profesionales forenses», donde «los científicos forenses pueden ser influenciados por presiones políticas para producir resultados específicos, o pueden ser sancionados por no hacerlo».
La doctora Villanueva advirtió sobre las consecuencias devastadoras de estas prácticas: «La instrumentalización de la prueba forense puede conducir a condenas erróneas, exoneraciones injustas y una erosión de la confianza en el sistema judicial».
Entre los ejemplos específicos que citó la funcionaria se encuentran el «uso de la evidencia forense para justificar políticas represivas», la utilización de evidencia «para atacar a oponentes políticos, creando una narrativa de culpabilidad o de amenaza a la seguridad nacional», y su empleo «para desviar la atención de otras cuestiones, como la corrupción política o la desigualdad social».
Como respuesta a esta problemática, Villanueva propuso la necesidad de establecer «servicios forenses independientes y autónomos», sugiriendo una reforma estructural que garantice la objetividad científica en las investigaciones judiciales.
La subsecretaria enfatizó las consecuencias sistémicas de esta instrumentalización: «Puede erosionar la confianza en la ciencia forense y en el proceso judicial», «conducir a condenas erróneas y exoneraciones injustas», y «socavar la confianza en el sistema político y en las instituciones gubernamentales».
«Es crucial proteger la integridad de la ciencia forense y garantizar que la evidencia científica se utilice de manera objetiva y profesional, sin presiones políticas o intereses personales», subrayó Villanueva, añadiendo que «la ciencia forense debe estar libre de interferencia política para poder servir a la búsqueda de la verdad y la administración de justicia».
La denuncia de la subsecretaria de Seguridad se produce en un contexto particularmente sensible, cuando el país debate sobre la validez de evidencias forenses en casos de alto perfil que involucran a figuras políticas y militares, generando cuestionamientos sobre la independencia y objetividad de las instituciones de justicia.
Villanueva concluyó que «la instrumentalización de la prueba criminalística forense en la política es una práctica perjudicial que puede tener graves consecuencias para la administración de justicia y la sociedad», reiterando la necesidad urgente de «proteger la integridad de la ciencia forense y garantizar que la evidencia científica se utilice de manera objetiva y profesional, sin presiones políticas o intereses personales».
La declaración representa una posición oficial inusual dentro del gobierno, donde una funcionaria de alto rango cuestiona indirectamente prácticas que podrían estar ocurriendo en el propio sistema de justicia hondureño.
