Tegucigalpa – El vicecanciller Antonio García confirmó este miércoles que la Cancillería hondureña está facilitando un documento de viaje a la familia de Ramón Matta Ballesteros para que puedan trasladarse hacia Estados Unidos y gestionar su retorno al país. Después de 37 años en prisión, Matta recobra su libertad en condiciones complejas de salud y retornará a Honduras, según confirmó el funcionario diplomático.
Esta gestión surge después de conocerse en las últimas horas que un juez estadounidense ordenó la liberación del hondureño Ramón Matta Ballesteros tras una petición de la defensa que argumentó el deterioro significativo de su estado de salud. En ese sentido, el funcionario hondureño comunicó que la familia de Matta Ballesteros ha estado realizando gestiones inmediatas para facilitar el retorno de su padre al territorio nacional, aprovechando la decisión judicial que permite su liberación por razones humanitarias.
García argumentó que la facilitación de documento de viaje por parte de la Cancillería constituye un trámite estándar que realiza esta dependencia del Estado con todo connacional que lo requiera, independientemente de las circunstancias particulares de cada caso. Asimismo, señaló que la familia Matta ha solicitado expresamente que exista privacidad en este tema, por lo que la Cancillería no compartirá detalles específicos sobre las modalidades del viaje ni los tiempos previstos para el retorno.
Ramón Matta Ballesteros es un ciudadano hondureño que ha permanecido en prisión en Estados Unidos desde 1988 por delitos relacionados con el narcotráfico y inicialmente por el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique «Kike» Camarena. No obstante, fue absuelto en 2018 del caso de «Kike» Camarena después de que una revisión judicial determinara que no participó en la muerte del agente de la DEA, manteniendo únicamente las condenas relacionadas con narcotráfico. Su liberación después de más de tres décadas en el sistema penitenciario estadounidense se produce en un contexto de deterioro de salud que motivó la decisión judicial, marcando el fin de uno de los casos más prolongados de ciudadanos hondureños en prisiones extranjeras.
