Santa Rosa de Copán – La muerte de Javier Antonio Hércules Salinas no fue una casualidad. Fue el resultado previsible de un sistema de protección estatal que existe solo en el papel, de un gobierno que predica seguridad mientras sus funcionarios estigmatizan a la prensa, y de una cultura de impunidad que garantiza que quienes ordenan estos crímenes nunca enfrenten consecuencias.
El periodista salvadoreño de 51 años fue acribillado a balazos la madrugada del domingo en Santa Rosa de Copán mientras conducía el taxi con el que complementaba sus ingresos. Su muerte marca el asesinato número 11 de un comunicador durante la administración de Xiomara Castro, una cifra que coloca a este gobierno como uno de los más letales para el ejercicio del periodismo en la historia reciente de Honduras.
Pero lo más grave no son solo los números. Es la evidencia contundente de que el Estado hondureño ha fallado sistemáticamente en su obligación constitucional de proteger la libertad de expresión y la vida de quienes la ejercen.
Un mecanismo que no protege
Hércules Salinas no era un periodista desprotegido. Desde octubre de 2023 formaba parte del Mecanismo Nacional de Protección para Periodistas, el programa gubernamental que supuestamente debe salvaguardar a comunicadores en riesgo. Había sido incluido después de sufrir un intento de secuestro en septiembre de 2023, cuando desconocidos lo abordaron en su taxi y lo llevaron cautivo, situación de la que logró escapar.
Las amenazas eran constantes. Su trabajo cubriendo temas de crimen organizado lo había convertido en objetivo de grupos que operan con total impunidad en el occidente del país. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) había documentado su caso y acompañado su ingreso al mecanismo de protección.
Sin embargo, todas estas medidas resultaron inútiles. El Estado que prometió protegerlo no pudo evitar que muriera acribillado a metros de su hogar, mientras realizaba el trabajo de taxista que la precariedad económica lo obligaba a mantener para sobrevivir.
La pregunta es inevitable: ¿para qué sirve un mecanismo de protección que no protege? ¿Cuántos millones de lempiras invierte el gobierno en un programa que ha fracasado en su objetivo fundamental once veces en menos de tres años?
La responsabilidad gubernamental
El gobierno de Castro no puede lavarse las manos señalando a «fuerzas oscuras» o «intereses ocultos» como responsables de estos crímenes. Su propia retórica y la de sus funcionarios han contribuido a crear un clima de hostilidad hacia la prensa que facilita estos ataques.
Las Fuerzas Armadas, bajo esta administración, han lanzado campañas sistemáticas de estigmatización contra periodistas. Funcionarios gubernamentales han descalificado públicamente el trabajo de comunicadores críticos. La presidenta Castro ha mantenido un discurso confrontativo hacia medios independientes, generando un ambiente donde atacar a la prensa se percibe como políticamente aceptable.
Este contexto no es casual. Cuando las autoridades más altas del país deslegitiman el trabajo periodístico, están enviando una señal clara: los comunicadores son enemigos del gobierno, y por tanto, objetivos legítimos.
Santa Rosa de Copán: zona de alto riesgo ignorada
El asesinato en Santa Rosa de Copán tampoco ocurrió en el vacío. Esta ciudad del occidente hondureño se había convertido en una zona de alto riesgo para periodistas, con aproximadamente ocho comunicadores amenazados por ejercer su profesión.
Desde 2023, organizaciones defensoras habían solicitado al Mecanismo Nacional de Protección que convocara reuniones urgentes con autoridades locales para implementar medidas preventivas. Habían pedido específicamente una reunión con el alcalde Aníbal Erazo Alvarado, señalado por generar inseguridad ante denuncias por deforestación.
El funcionario municipal hizo caso omiso a todas las solicitudes. El gobierno central tampoco tomó medidas extraordinarias para proteger a los periodistas en esta ciudad. Las alertas fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde.
Impunidad garantizada
Quizás lo más revelador del fracaso estatal es el nivel de impunidad que rodea estos crímenes. De los 11 periodistas asesinados durante el gobierno Castro, ¿cuántos casos han sido resueltos? ¿Cuántos autores materiales están tras las rejas? ¿Cuántos autores intelectuales han sido identificados y procesados?
La respuesta es demoledora: prácticamente ninguno. La impunidad supera el 95%, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Esto significa que asesinar periodistas en Honduras es un crimen perfecto, sin consecuencias legales reales.
Esta impunidad no es accidental. Es el resultado de un sistema judicial débil, de investigaciones superficiales, de una voluntad política inexistente para llegar al fondo de estos crímenes. Cada asesinato sin resolver envía un mensaje claro a futuros perpetradores: pueden matar periodistas sin temor al castigo.
El costo de la cobardía institucional
El asesinato de Hércules Salinas no solo enluta a su familia y al gremio periodístico. Representa un golpe mortal a la democracia hondureña y un triunfo de las fuerzas que buscan silenciar la verdad.
Cada periodista asesinado es una voz menos que puede investigar la corrupción, denunciar los abusos de poder, fiscalizar la gestión pública. Cada comunicador silenciado fortalece a quienes operan en las sombras, protegidos por la impunidad y la complicidad institucional.
El gobierno Castro llegó al poder prometiendo transparencia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, su gestión está marcada por el mayor número de periodistas asesinados en la historia reciente del país. La contradicción no puede ser más evidente ni más devastadora.
Una democracia que se desangra
Honduras se acerca a las elecciones de noviembre con una prensa diezmada, atemorizada y autocensurada. Los comunicadores que sobreviven deben elegir entre ejercer su profesión con riesgo de muerte o autocensurarse para preservar su vida.
Esta no es una democracia funcional. Es un sistema autoritario disfrazado de institucionalidad, donde la crítica al poder se paga con la vida y donde el Estado que debería proteger a los ciudadanos se convierte en cómplice de quienes los asesinan.
El gobierno Castro tendrá que rendir cuentas ante la ONU en noviembre sobre las 203 recomendaciones del Examen Periódico Universal, incluyendo aquellas sobre libertad de expresión y violencia contra periodistas. Las cifras que llevará son escalofriantes: 11 muertos, 200 amenazados, 95% de impunidad.
Javier Antonio Hércules Salinas murió porque el Estado hondureño falló. Murió porque un gobierno que prometió proteger a los ciudadanos demostró ser incapaz de proteger ni siquiera a quienes tenía oficialmente bajo su resguardo.
Su muerte no debe ser en vano. Debe ser el catalizador que obligue a este país a decidir si quiere ser una democracia real o seguir siendo una farsa sangrienta donde ejercer el periodismo es una sentencia de muerte.
