Tegucigalpa – Tres años después de que la presidenta Xiomara Castro prometiera devolver la paz y la seguridad a Honduras, expertos en la materia coinciden en que las promesas no se tradujeron en una estrategia sostenida ni integral, pese a registrar una reducción histórica en los homicidios.
El 27 de enero de 2022, Castro ofreció un discurso contundente sobre el combate a la extorsión, narcotráfico, lavado de activos e impunidad, prometiendo recuperar el control de los barrios y devolver el sistema penitenciario al Estado. Sin embargo, según análisis de especialistas consultados, aunque hubo operativos, capturas y decomisos, la violencia no desapareció sino que se transformó.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la tasa de homicidios en 2024 se redujo a 27 por cada 100,000 habitantes, el nivel más bajo de la última década. No obstante, Honduras sigue teniendo la tasa más alta de Centroamérica y la tercera más alta de Latinoamérica.
«En 2024, diez municipios presentan niveles elevados de violencia, mientras que 65 no registraron homicidios. A pesar de esas reducciones, la inseguridad sigue siendo una preocupación constante», advierte Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia. La experta explica que el crimen no desapareció, sino que mutó, volviéndose más selectivo, localizado y silencioso.
Uno de los pilares del plan de seguridad fue el combate a la extorsión. En diciembre de 2022, el gobierno lanzó un estado de excepción con suspensión parcial de garantías constitucionales, aprobado en el marco del Plan Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos. Esta medida sigue vigente hasta la actualidad.
Aunque en 2024 las denuncias por extorsión disminuyeron 32.1% según datos oficiales, la percepción social no concuerda. Una encuesta de Le Vote reveló que 11.6% de la población se considera víctima directa de extorsión, con los departamentos más afectados siendo Intibucá (18.2%), Atlántida (15.8%), Colón (15.2%), Choluteca (14.8%), Francisco Morazán (14.5%) y Cortés (12.4%).
Para Ayestas, la disminución de denuncias no necesariamente refleja menor impacto, sino más bien un incremento en el miedo a denunciar. Esta percepción es compartida por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien no oculta su descontento con la gestión de la política de seguridad.
«Ese estado de excepción sirve para justificar operaciones que no están del todo correctas. Hay más de 800 denuncias en Conadeh (Comisionado Nacional de Derechos Humanos) y una corrupción clara en las cúpulas policiales», denunció Villanueva. La funcionaria agregó que se exige a cada estación policial cumplir metas de capturas sin tener personal investigativo, inflando cifras sin resultados reales.
El abogado y analista en seguridad Kenneth Madrid coincide en que el descenso de homicidios no es mérito de la actual administración. «Los homicidios comenzaron a descender desde 2013 con la entrada en vigor del mecanismo de extradición. Lo que redujo la violencia fue el desmantelamiento de carteles y estructuras grandes, no un plan nuevo del actual gobierno», señala.
Madrid también recuerda que las maras ya venían en transformación tras las operaciones Avalancha de 2016 y 2017, cuando la MS-13 bajó su perfil violento y se reestructuró. «No hay una política integral, solo hubo un estado de excepción que ya fracasó. Muchas capturas, pocas judicializaciones, y casi ninguna condena», asegura el analista.
El especialista advierte que nunca se fortaleció la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía (Didadpol), no se le dio independencia ni se creó su propio centro de confianza. «Hoy no se aplican pruebas de confianza a los 26,000 agentes, solo a los nuevos ingresos y a quienes van a ascensos», detalla.
Para los analistas, el gobierno quedó especialmente en deuda con las mujeres. «No hubo inversión en investigación criminal ni en la prevención de femicidios. Todo se fue a la policía preventiva. No se reformó el Código Penal, no se fortaleció el sistema para atender a las víctimas», dice Madrid.
Los expertos consultados coinciden en que el error no fue prometer, sino no construir una política articulada con prevención, investigación, judicialización y reparación. «La seguridad no se mide solo en cifras de homicidios. Se mide en libertad para caminar, en negocios que no pagan extorsión, en madres que no entierran a sus hijas», concluyen.
A cinco meses de las elecciones generales, los especialistas advierten que lo que se ofreció como refundación de la seguridad terminó siendo una medida extendida, un discurso forzado y una oportunidad perdida para transformar estructuralmente el sistema de seguridad del país.
