Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó este martes una advertencia contundente sobre las vulnerabilidades del proceso electoral hondureño al denunciar que «la corrupción también vota», mientras señaló serias deficiencias en la organización de los comicios de noviembre que podrían comprometer la transparencia y legitimidad de los resultados.
Castellanos denunció que las incertidumbres sobre el proceso electoral «lejos de disiparse, encuentran eco en el silencio o la tibieza de las autoridades responsables», evidenciando una falta de liderazgo institucional para resolver problemas críticos que afectan la credibilidad del sistema democrático hondureño.
La directora del CNA identificó como principal preocupación la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) a hondureños en el extranjero, donde «no hay claridad institucional, fechas oficiales, ni se ha dimensionado el impacto real de esta población electoral», generando incertidumbre sobre la capacidad del sistema para procesar adecuadamente este sector del electorado.
Castellanos proporcionó cifras que evidencian la magnitud del desafío: «estamos hablando de más de 400 mil nuevos votantes en el exterior, una cifra abismal si la comparamos con los apenas 15 mil habilitados en 2021, de los cuales solo 375 ejercieron el sufragio», revelando un incremento exponencial que el sistema electoral no parece preparado para manejar.
La funcionaria anticorrupción exigió garantías específicas para este sector electoral, demandando «la instalación oportuna de centros de votación, asegurar la vigilancia ciudadana y respetar la voluntad de los compatriotas» que considera fundamentales por ser «el principal sustento de la economía nacional» a través de las remesas.
Castellanos dirigió críticas específicas hacia una «polémica propuesta que permitiría la entrega del DNI mediante terceras personas», advirtiendo que «las reglas del juego no se deben cambiar en pleno año electoral» porque compromete tanto la seguridad nacional como la integridad electoral, especialmente en el voto extranjero donde «los controles son débiles y la supervisión escasa».
La directora del CNA también cuestionó la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a «supuestos conflictos de interés de algunos de sus miembros», estableciendo una crítica directa a la institucionalidad electoral. «Cuando los funcionarios que deben ser árbitros actúan como activistas políticos, la imparcialidad no solo se pone en duda: se pierde», sentenció Castellanos.
Una de las denuncias más técnicas pero cruciales se refiere a la «intención de eliminar la cláusula de verificación manual de actas procesadas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)», una medida que Castellanos calificó como eliminación de un «candado de seguridad» esencial para la credibilidad del proceso.
«Quitarla no es modernización. Es una vulnerabilidad calculada», declaró la funcionaria anticorrupción, sugiriendo que la eliminación de controles manuales respondería a intenciones deliberadas de debilitar la supervisión electoral más que a mejoras tecnológicas legítimas.
Castellanos concluyó su mensaje con una reflexión que conecta corrupción y democracia: «la confianza en el proceso electoral no se reduce al discurso, sino a las prácticas. Y no olvidemos: la corrupción también vota», estableciendo que los sectores corruptos tienen interés directo en influir los resultados electorales.
La declaración de la directora del CNA se suma a un «clima de creciente tensión en el país ante un proceso electoral que, según diversos sectores, aún carece de garantías para asegurar su transparencia y legitimidad», evidenciando preocupaciones transversales sobre la calidad democrática de los próximos comicios.
Las alertas de Castellanos adquieren particular relevancia en un momento donde Honduras enfrenta múltiples crisis de credibilidad institucional, incluyendo el escándalo Sedesol y tensiones entre candidatos y autoridades electorales, factores que podrían confluir para generar cuestionamientos post-electorales sobre la legitimidad de los resultados de noviembre.
