Tegucigalpa – El Congreso de Estados Unidos formalizó su interés en supervisar las elecciones generales hondureñas del próximo 30 de noviembre mediante una iniciativa bipartidaria que refleja las crecientes preocupaciones estadounidenses sobre la integridad del proceso electoral en el país centroamericano.
La legisladora republicana por Florida, María Elvira Salazar, presentó la iniciativa H.R. 4202 el pasado 26 de junio, la cual fue inmediatamente turnada al secretario de Estado, Marco Rubio, y a los comités de Relaciones Exteriores y Judicial de la Cámara de Representantes.
La propuesta cuenta con un respaldo político significativo que trasciende las líneas partidarias tradicionales. Además de Salazar como promotora, la iniciativa es respaldada por los representantes republicanos Christopher Smith de Nueva Jersey, Michael Lawler de Nueva York y Mark Green de Tennessee, así como por los demócratas Joaquín Castro de Texas y Norma Torres de California.
La iniciativa solicita formalmente «ordenar al Secretario de Estado que establezca una estrategia para el monitoreo de las elecciones generales en la República de Honduras que se llevarán a cabo el 30 de noviembre de 2025, y para otros fines», estableciendo un marco institucional para la supervisión estadounidense del proceso electoral hondureño.
El documento legislativo refleja las preocupaciones de un sector del Congreso estadounidense sobre «el desarrollo de los acontecimientos políticos en Honduras de cara a las elecciones generales de noviembre próximo», ya que consideran que el partido de gobierno maniobra para quedarse en el poder mediante prácticas que podrían comprometer la integridad electoral.
Entre las medidas recomendadas por los legisladores estadounidenses se incluye la posibilidad de «privar de la visa estadounidense a los actores que consideren buscan obstaculizar un proceso electoral limpio, ordenado y creíble en el país», estableciendo consecuencias concretas para funcionarios hondureños que pudieran interferir con la transparencia del proceso.
Las preocupaciones específicas del Congreso estadounidense se han centrado en las acciones contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall. Según diferentes posteos de legisladores estadounidenses, ha sido motivo de inquietud «las críticas y acciones contra las consejeras orientadas a presionarlas y en ciertos casos judicializarlas por sus acciones tomadas en el Consejo Nacional Electoral».
Esta atención específica a las funcionarias electorales sugiere que Estados Unidos considera fundamental mantener la independencia del órgano electoral hondureño para garantizar elecciones creíbles, interpretando las presiones contra estas funcionarias como intentos de comprometer la integridad institucional del proceso.
La iniciativa H.R. 4202 se produce en un momento de creciente escrutinio internacional sobre Honduras, donde diversos sectores han expresado preocupaciones sobre el estado de la democracia y la transparencia institucional. El gobierno de Libre enfrenta múltiples cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y el uso del aparato estatal para fines electorales.
El 30 de noviembre próximo, los hondureños acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente, renovar el Congreso Nacional y seleccionar 298 alcaldes municipales, en un proceso que determinará la continuidad o alternancia del proyecto político iniciado por Libre en 2021.
La supervisión estadounidense añade una dimensión internacional significativa a las elecciones hondureñas, considerando la influencia histórica de Estados Unidos en la región y su capacidad para implementar sanciones migratorias y económicas que podrían afectar a funcionarios involucrados en irregularidades electorales.
La naturaleza bipartidaria de la iniciativa indica que la preocupación por las elecciones hondureñas trasciende las divisiones políticas internas estadounidenses, sugiriendo un consenso sobre la importancia de mantener estándares democráticos en un país estratégico para los intereses de seguridad y migración de Estados Unidos.
El involucramiento formal del Congreso estadounidense mediante esta iniciativa podría influir en el comportamiento de actores políticos hondureños, quienes deberán considerar las posibles consecuencias internacionales de acciones que pudieran ser interpretadas como obstáculos para un proceso electoral transparente.
La presentación de esta iniciativa coincide con el escándalo de fondos públicos de Sedesol y otros cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales para fines electorales, añadiendo presión externa a las demandas internas de transparencia y rendición de cuentas en el proceso electoral hondureño.
