Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quedó aislado en sus acusaciones contra diputados liberales tras ser desmentido por funcionarios de su propio gobierno y los legisladores señalados, quienes exigieron pruebas concretas sobre supuestas transferencias millonarias del «Fondo Social» que según críticos constituyen un intento de desviar la atención del escándalo del «cheque video» protagonizado por la diputada oficialista Isis Cuéllar.
La controversia se desató después de que Redondo difundiera una nómina detallada con nombres de diputados liberales propietarios y suplentes, junto con los montos que habrían gestionado como subvenciones. Sin embargo, las acusaciones se desmoronaron cuando el propio gobierno contradijo las versiones del jefe del Legislativo, evidenciando inconsistencias en la información presentada.
El secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, fue categórico al desmentir a Redondo respecto al caso más emblemático de la lista. «Se está haciendo una enorme melcocha y están tratando confundir a la gente, están los subsidios del Congreso Nacional y los del Fondo Social que se dan a través de las instituciones, es por eso que dejamos claro que Cálix no accedió a los 6.5 millones del Fondo Social, pero sí a los subsidios del Congreso que fue de 1.5 millones», aclaró Salgado.
La precisión del funcionario evidenció una diferencia sustancial entre las cifras manejadas por Redondo y la realidad administrativa, dejando en entredicho la veracidad de la información difundida por el presidente del Congreso. Además, Salgado explicó que estos recursos «no salen a nombre del diputado, sino de las personas o instituciones a las que se ayudará», desmontando la narrativa de transferencias directas a legisladores.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, adoptó una postura defensiva al explicar el rol de su institución en el manejo de estos fondos. «Estos proyectos deben ir debidamente certificados, se habla del monto total de la obra pero va certificado por un ingeniero civil colegiado y estas obras se terminan, obviamente esto viene autorizado por el presidente del Congreso Nacional», indicó el funcionario.
Vaquero enfatizó que su secretaría actúa únicamente como canalizador de recursos, señalando que «lo que hacemos fundamentalmente es canalizar los recursos, para que Finanzas haga los depósitos correspondientes después de haber verificado que dicha documentación es correcta». Esta explicación distancia al Ejecutivo de cualquier responsabilidad en el manejo discrecional de fondos.
Los diputados señalados en la lista respondieron con desafíos directos que pusieron en evidencia la falta de sustento de las acusaciones. Jorge Cálix emplazó públicamente a Redondo con 24 horas para demostrar las transferencias: «Te reto a que mostrés un cheque a mi nombre, o que des el rastro de esos supuestos 6.5 millones. Te reto a que mostrés que transfirieron esos 6.5 millones a Gobernación y además que mostrés los desembolsos de Gobernación a mi favor o a favor de terceros».
Similamente, el diputado Yahvé Sabillón desafió tanto al Congreso Nacional como al Ministerio Público: «Reto al Congreso Nacional y al Ministerio Público que he recibido un cinco de esos 6.5 millones de lempiras». Sabillón calificó el acto como un «Caso Pandora 2.0 recargado» y advirtió que «por donde puye va a salir pus», sugiriendo que existen más implicados en el escándalo original.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se sumó a los desmentidos mediante un comunicado oficial donde aclaró que «no ha recibido fondos del Congreso Nacional, ni cuenta con una dependencia denominada ‘Dirección General de Desarrollo Profesional – Apoyo a Feria Nacional de Ciencia y Tecnología'», como había sido mencionado en las comparecencias de Redondo.
La institución académica hizo un llamado específico «a la responsabilidad en el manejo de información pública, especialmente cuando se trata de fondos estatales», una crítica indirecta pero clara al manejo informativo del presidente del Congreso.
Analistas políticos señalaron que Redondo estaría actuando con sesgo al centrar sus señalamientos exclusivamente en diputados liberales como estrategia para desviar la atención del escándalo que envuelve a la diputada Isis Cuéllar, acusada de usar fondos públicos con fines de clientelismo político previo a las elecciones primarias de 2025.
El diputado opositor señaló que el «Fondo Departamental perverso» fue creado por Manuel Zelaya desde 2006 y acusó a Redondo de «echar de cabeza a los demás para tapar el caso de Sedesol e Isis Cuéllar», evidenciando las motivaciones políticas detrás de la publicación de la controvertida lista.
La acumulación de desmentidos desde el propio gobierno, las instituciones académicas y los diputados señalados ha dejado a Redondo en una posición insostenible, donde sus acusaciones carecen de respaldo factual y su credibilidad como presidente del Congreso se ve seriamente comprometida en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Legislativo.
