Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos alertó sobre el profundo deterioro institucional que reflejan los recientes escándalos de corrupción en el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), advirtiendo que estos casos internos amenazan la credibilidad electoral del oficialismo a solo cinco meses de las elecciones generales.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señaló que el caso del «cheque video» protagonizado por la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol José Carlos Cardona evidencia una peligrosa concentración del poder en el entorno inmediato del partido gobernante y el uso clientelista de recursos estatales para beneficiar una estructura política cerrada.
Castellanos estableció conexiones entre múltiples escándalos que han sacudido al oficialismo, señalando que tanto la conversación filtrada como las revelaciones sobre financiamiento electoral surgieron de forma casi simultánea en un momento político particularmente delicado para Libre. «Se suma al caso Koriún, que quedó en completa opacidad, y al narcovideo del año pasado, donde se evidencian presuntos vínculos de la familia presidencial con el crimen organizado desde los orígenes del partido en 2013», declaró la académica.
Uno de los aspectos más preocupantes identificados por Castellanos es la concentración de fondos públicos en manos de una élite parlamentaria cercana al Poder Ejecutivo. La socióloga reveló que «los datos muestran que la diputada Cuéllar es quien más fondos gestionó, empleó y distribuyó, lo que confirma su cercanía con la familia presidencial, con la presidencia del Congreso Nacional y con la cúpula del partido».
La investigación de los fondos legislativos reveló que junto a Cuéllar, miembros de la junta directiva del Congreso, especialmente de los departamentos de Santa Bárbara, Francisco Morazán y Cortés, habrían gestionado más de 20 millones de lempiras durante el actual período de gobierno, evidenciando una distribución geográfica y política específica de estos recursos.
Castellanos dirigió críticas particularmente severas al manejo de programas estudiantiles que fueron canalizados por diputados en lugar de seguir los procedimientos técnicos establecidos por la Secretaría de Educación. «Es evidente que se buscó evitar los requisitos técnicos y académicos, utilizando una secretaría de carácter político para repartir estos recursos», explicó la socióloga.
La denuncia más grave formulada por Castellanos se refiere a la manipulación de jóvenes beneficiarios de becas estudiantiles, quienes supuestamente eran forzados a trabajar en call centers gubernamentales. «Lo más grave es que se ha denunciado que muchos de los jóvenes beneficiarios eran forzados a trabajar en call centers del gobierno, enviando mensajes ofensivos a diario, bajo amenaza de perder la beca», reveló la académica.
Esta práctica constituye, según Castellanos, «una forma de corrupción juvenil y manipulación política» que representa «un mecanismo perverso que corrompe no solo a los jóvenes, sino también a sus familias, al vincular el acceso a un derecho como la educación con tareas propagandísticas». La denuncia sugiere una instrumentalización sistemática de programas sociales para fines político-electorales.
La socióloga fue categórica al rechazar cualquier intento del oficialismo de presentar estos escándalos como persecución política externa. «Ni el narcovideo ni estas filtraciones vinieron de afuera. Este daño al partido vino desde adentro. Y a cinco meses de las elecciones, Libre corre el riesgo de perder el respaldo del voto independiente que creyó en un cambio y en una lucha auténtica contra la corrupción», advirtió Castellanos.
El análisis político de la exrectora sugiere que estos escándalos internos podrían tener consecuencias electorales significativas para el partido oficialista, especialmente entre los votantes independientes que respaldaron a Libre en 2021 esperando un verdadero cambio en las prácticas políticas tradicionales.
Castellanos concluyó con una advertencia sobre las consecuencias de mantener silencio frente a estos casos. Si el partido de gobierno opta por guardar silencio ante estos escándalos, «perderá uno de sus principales ejes discursivos de campaña» y su credibilidad frente al electorado quedará profundamente erosionada, comprometiendo sus posibilidades de retener el poder en las próximas elecciones generales.
