Tegucigalpa – La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, adoptó una postura inusual al atribuirse funciones exclusivas de los tres poderes del Estado durante una sesión de la Coordinación Nacional realizada este viernes, donde intentó gestionar el escándalo del «cheque video» que ha comprometido a figuras prominentes del oficialismo.
Tras confirmar la suspensión de la diputada Isis Cuéllar de todos sus cargos partidarios, incluyendo su posición como vicepresidenta del Congreso Nacional, subjefa de bancada, coordinadora departamental, miembro de coordinación nacional y candidata a la diputación, Moncada desplegó un discurso donde prácticamente ordenó acciones que corresponden al Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La precandidata oficialista exigió la «cancelación inmediata del Fondo Social aprobado por el Congreso Nacional durante el tiempo que dure la investigación de los supuestos actos de corrupción», enfatizando que «las instituciones del Ejecutivo no deben aprobar más proyectos» relacionados con estos recursos.
En una clara injerencia a poderes que no controla, Moncada demandó la intervención inmediata del Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público en todas las secretarías de Estado que tramitan la ejecución de fondos legislativos. «La bancada legislativa del Partido Libre, renuncia al fuero parlamentario y a su vez debe presentar una iniciativa de reforma de ley para eliminar este privilegio», declaró con evidente tensión.
La candidata fue más allá al exigir que «a los diputados que se les compruebe la desviación de fondos públicos, se les debe inhabilitar en forma permanente de su derecho a participar para un cargo de elección popular». Esta demanda trasciende las facultades de cualquier partido político y corresponde exclusivamente al sistema judicial.
Moncada dirigió órdenes directas al Ministerio Público y el Poder Judicial, exigiendo «acciones inmediatas de allanamiento si es necesario, investigación, secuestro de documentos y congelamiento de cuentas, sin contemplaciones, contra las denunciadas redes de corrupción». Igualmente demandó a la Secretaría de Transparencia el levantamiento de un inventario completo del Fondo Departamental.
Como parte de su estrategia de control de daños, la precandidata convocó a «la resistencia, a las bases del Partido Libre y a los sectores sociales organizados para una gran movilización nacional exigiendo la investigación y sentencia pronta, renuncia o destitución de diputados corruptos». Esta convocatoria busca trasladar la presión política a las calles mientras su partido enfrenta el escándalo interno.
En un giro amenazante, Moncada planteó «abiertamente la necesidad de una intensa reforma constitucional en el sector justicia conminando a los magistrados y jueces de la Corte Suprema, Tribunal de Cuentas y Ministerio Público para que combatan con sus actos el régimen de corrupción e impunidad vigentes desde 2009».
La candidata también declaró «la ruptura de relaciones con las estructuras de poder económico ligadas a la corrupción de las 10 familias más poderosas de Honduras», mientras aseguró que el Partido Libre «no recibe fondos de corporaciones, empresas transnacionales, bancos, y ninguna de las organizaciones empresariales señaladas en los 25 grupos económicos del país».
Moncada reafirmó la retórica confrontativa que ha caracterizado al oficialismo al describir las próximas elecciones del 30 de noviembre como «una batalla final». Esta descripción militarista del proceso electoral ha generado preocupación en sectores democráticos sobre el respeto a los resultados electorales.
En un intento por internacionalizar su narrativa, la precandidata hizo «un llamado a los organismos internacionales para observar y dar seguimiento a estas resoluciones de transparencia, y al proceso electoral» que, según su perspectiva, ha sido puesto en riesgo por el bipartidismo.
Finalmente, Moncada criticó una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que calificó como «intromisión, injerencia humana y usurpación de funciones de los miembros de Juntas Receptoras de Votos», extendiendo sus cuestionamientos al órgano electoral encargado de supervisar los comicios donde aspira resultar electa.
Las declaraciones de Moncada evidencian una estrategia de proyectar autoridad gubernamental antes de acceder al poder, mientras intenta contener un escándalo de corrupción que ha comprometido seriamente la imagen del partido oficialista a menos de cinco meses de las elecciones generales.
