Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix cuestionó este viernes la legalidad de la decisión del Partido Libertad y Refundación (Libre) de suspender la candidatura de Isis Cuéllar a un cargo de elección popular, argumentando que tal figura jurídica no existe en el marco legal hondureño y que la legisladora debería renunciar voluntariamente a sus aspiraciones políticas.
«Dice que van a suspender a la diputada Isis Cuéllar de sus cargos, la suspenden como candidata a la diputación, que alguien me explique cómo funciona eso, no conozco la figura de suspender a un candidato a un cargo de elección popular», declaró Cálix durante una entrevista en el noticiero Hoy Mismo.
El legislador enfatizó que en el sistema electoral hondureño no existe el mecanismo de suspensión de candidaturas, sino que la única vía legalmente reconocida es la renuncia voluntaria del aspirante. Esta observación pone en entredicho la validez jurídica de las medidas anunciadas por la Coordinación Nacional de Libre durante su sesión del viernes.
Cálix precisó que aunque la precandidata presidencial Rixi Moncada tiene la facultad de remover a Isis Cuéllar como coordinadora departamental de Copán dentro de la estructura partidaria, no posee atribuciones para suspenderla de sus aspiraciones políticas ni de su puesto en el Congreso Nacional. «Con sus aspiraciones políticas y su puesto en el Congreso Nacional no puede suspenderla», aclaró el diputado.
La crítica de Cálix se extendió al considerar que la conferencia de prensa de Libre constituye un intento de manipular la opinión pública. «Están queriendo darle atol con el dedo», declaró el legislador al calificar las declaraciones del partido oficialista como un ejercicio de distracción mediática que no resuelve las implicaciones legales del escándalo del «cheque video».
El diputado identificó una estrategia política que considera contraproducente para el propio oficialismo al señalar que están «dejando solo al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo» después de exigirle que publique el listado completo de la entrega de fondos a los diputados de todas las bancadas políticas.
«Allí va a quedar consignado cuánto ha manejado Luis Redondo y tendrá problemas», interpretó Cálix, sugiriendo que la demanda de transparencia formulada por Moncada podría comprometer al propio presidente del Congreso, quien pertenece al partido oficialista y ha sido uno de los defensores más visibles del sistema de fondos legislativos.
Esta observación revela una tensión interna dentro del oficialismo, donde las medidas adoptadas para contener el daño del escándalo podrían generar consecuencias imprevistas para otros dirigentes de Libre que han participado en el manejo de recursos del Fondo Social del Congreso Nacional.
Cálix expresó escepticismo sobre la posibilidad de que el Ministerio Público tome acciones legales efectivas contra los involucrados en el caso del «cheque video». El diputado argumentó que la institución fiscal «no presentará ningún requerimiento fiscal por el caso», alegando que funciona como «un escudero de Libre».
Esta acusación refleja la percepción de sectores opositores sobre la independencia del Ministerio Público, institución que ha sido criticada por su supuesta alineación con los intereses del gobierno actual. La declaración de Cálix sugiere que existe poca confianza en que las investigaciones del escándalo de corrupción avancen de manera imparcial.
El cuestionamiento legal planteado por Cálix pone en evidencia las limitaciones del partido Libre para tomar medidas disciplinarias que trasciendan el ámbito interno de la organización política. Mientras el partido puede remover a Cuéllar de cargos partidarios, no tiene facultades para afectar su estatus como legisladora electa ni su candidatura ya inscrita ante el Consejo Nacional Electoral.
Las declaraciones del diputado revelan las contradicciones inherentes en la estrategia de control de daños implementada por Libre, que busca proyectar decisión y autoridad en un ámbito donde sus facultades reales son limitadas. Esta situación evidencia la complejidad legal y política que enfrenta el oficialismo para gestionar adecuadamente las consecuencias del escándalo de corrupción que ha sacudido sus filas.
