Tegucigalpa – Un tribunal especializado en criminalidad organizada dictaminó este viernes la absolución de una de las implicadas en la masacre de 46 reclusas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en una decisión que marca un punto de inflexión en uno de los casos más emblemáticos del sistema penitenciario hondureño.
La Sala II del Tribunal de Sentencia en circuito de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción emitió su veredicto favorable para Arleny Sarahi Guerra Portillo, quien enfrentaba cargos por 46 delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa inacabada y asociación para delinquir.
La decisión judicial se fundamentó en la incapacidad del Ministerio Público para presentar evidencia suficiente que desvirtuara el estado de inocencia de la acusada. Según explicó Josué Salinas, vocero del Poder Judicial, existieron dudas razonables sobre la participación de Guerra Portillo en los hechos que conmocionaron al país.
El proceso judicial reveló significativas debilidades en la construcción del caso por parte de la fiscalía. Los magistrados identificaron falta de certeza en los testimonios presentados durante el juicio oral, así como ausencia de evidencia contundente en los videos forenses que fueron exhibidos como prueba durante las audiencias.
La tragedia en la PNFAS se convirtió en un símbolo de la crisis del sistema penitenciario nacional, generando un intenso debate sobre las condiciones de reclusión y los mecanismos de seguridad en los centros penales del país.
A diferencia del resultado favorable para Guerra Portillo, el tribunal declaró culpables a otras 15 mujeres involucradas en el caso: Claudia María Lemus Aceituno, Cherry Darling Guevara, Karen Lorena Ávila Pavón, Suyapa Godoy Leiva, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Heidy Jackeline Palma Rivera, Kenia Patricia Salinas Rivera, Francis Margarita Chavarría Ávila, María del Carmen Contreras Castillo, Anny Dayane Barahona Mejía, Leila Figueroa Pavón, Lurdes Eloisa Barrientos Turcios, Rosa Berta Marroquín Almendares, María Cristina Cálix Salinas y Dania Jackeline Maradiaga Flores.
La lectura completa de la sentencia está programada para el viernes 15 de agosto a las 1:30 de la tarde, cuando se conocerán los detalles de las consideraciones jurídicas que llevaron al tribunal a esta decisión diferenciada entre los implicados.
Este caso continúa siendo objeto de seguimiento por parte de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que mantienen su atención sobre el funcionamiento del sistema de justicia en casos de alta complejidad como este.
