Tomado de InsightCrime Tegucigalpa – Las autoridades hondureñas están procesando al exgeneral Romeo Orlando Vásquez Velásquez por recibir sobornos de narcotraficantes basándose en evidencia de video similar al que implicó a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, quien nunca fue acusado formalmente, revelando la naturaleza selectiva de las investigaciones anticorrupción en el país.
El 23 de mayo, la Fiscalía General anunció cargos por lavado de dinero contra Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, acusándolo de lavar los ingresos del narcotráfico del grupo Cachiros, que constituyó uno de los principales grupos de tráfico de cocaína en Honduras durante los años de mayor penetración del crimen organizado en las instituciones estatales.
Según los fiscales, las acusaciones contra Vásquez Velásquez se sustentan en «prueba pericial» analizada por técnicos forenses, evidencia que incluye varios videos que supuestamente muestran al exgeneral reuniéndose en San Pedro Sula con diversos narcotraficantes, entre ellos Carlos Lobo, alias «El Negro Lobo», Héctor Fernández Rosa, alias «Don H», así como Yankel Rosenthal, exministro de gobierno posteriormente condenado por lavado de dinero en Estados Unidos.
En uno de los videos más comprometedores, Vásquez habría recibido una cantidad no especificada de dinero en efectivo de Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de los Cachiros actualmente preso en Estados Unidos, material que supuestamente fue grabado por el propio Maradiaga en 2013, cuando Vásquez era candidato presidencial por el partido Alianza Patriótica.
Este escándalo surge más de ocho meses después de que InSight Crime publicara otro narco video grabado por el mismo Maradiaga que implicaba directamente a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, en negociaciones similares con muchos de los mismos narcotraficantes que aparecen en el video de Vásquez, incluidos Don H, El Negro Lobo y Ramón Matta Waldurraga, para negociar donaciones destinadas a la fallida campaña presidencial de Castro en 2013.
Durante esa reunión comprometedora, se escucha claramente a Zelaya indicar que la mitad del dinero propuesto, que superaba los 500,000 dólares, sería destinado para la campaña de Castro, mientras que la otra mitad «debe ser para el comandante», en referencia directa al apodo que muchos dentro del Partido LIBRE utilizan para Manuel Zelaya, hermano de Carlos y esposo de la presidenta actual.
Carlos Zelaya admitió públicamente haber asistido a la reunión que aparece en el video publicado por InSight Crime días antes de su difusión mediática, pero negó categóricamente que él o la campaña de Castro hayan recibido efectivamente dinero de los narcotraficantes involucrados, explicación que no ha sido sometida a investigación judicial formal.
La sucesión de narco videos que envuelve nuevamente al establishment político hondureño en escándalos de corrupción deja al descubierto la justicia selectiva que prevalece en el país y el fracaso constante de los funcionarios electos para erradicar la corrupción de alto nivel cuando ello implicaría enfrentar a poderosos aliados políticos del oficialismo.
Tras la publicación del primer narco video que lo comprometía, Carlos Zelaya renunció al Congreso Nacional y dejó el cargo de secretario del Legislativo, sin embargo, nunca fue acusado formalmente por los hechos evidenciados en el material audiovisual y ha continuado recibiendo pagos mensuales del Estado, según documentó una investigación del medio independiente Contracorriente, recibiendo más de 900,000 lempiras (35,000 dólares) desde su renuncia.
La presidenta Castro condenó públicamente las negociaciones entre narcotraficantes y políticos en un mensaje televisado tras la difusión del video que implicaba a su cuñado, pero la diferencia en el manejo que realizaron los fiscales de las pruebas en video contra Vásquez y Zelaya sugiere claramente que solo ciertas personas serán consideradas responsables por el tipo de corrupción que ha socavado sistemáticamente el sistema político en beneficio de los narcotraficantes.
«Quedó evidenciado que este gobierno tiene vínculos serios con el crimen organizado después del video de Carlos Zelaya», declaró Gabriela Blen, activista anticorrupción y fundadora del Movimiento Indignados. «Negociaron impunidad de sus más altos líderes y pues Romeo Vázquez, obviamente, no entró dentro de los pactos de impunidad que negociaron», agregó, evidenciando cómo la justicia opera de manera diferenciada según las lealtades políticas.
El gobierno de Castro ha retrasado sistemáticamente el establecimiento de una misión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas, conocida como la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), a pesar del amplio apoyo que mantiene entre las organizaciones de la sociedad civil y defensores anticorrupción, situación que refuerza la percepción de que existen intereses políticos específicos en mantener ciertos niveles de impunidad selectiva que protejan a los aliados del oficialismo mientras se procesan únicamente a figuras de la oposición o independientes que carecen de protección política efectiva dentro del sistema de poder actual.
