Tegucigalpa – El proyecto de registro biométrico obligatorio para usuarios de telefonía móvil en Honduras, impulsado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ha generado serias inquietudes respecto a la seguridad y gestión de datos, según destacó el analista político Tulio Mariano González.
González señaló que existen importantes vacíos informativos en el proyecto, particularmente sobre el manejo de la infraestructura tecnológica: «¿Quién maneja las dudas donde se transmite la información y quién tiene acceso a los satélites de reserva y quién tendrá acceso y quién va a manipular esas informaciones y con qué propósito?», cuestionó el analista, subrayando que estas son interrogantes que Conatel no ha esclarecido.
Estas declaraciones surgen días después de que Lorenzo Sauceda, titular de Conatel, anunciara que los usuarios que no cumplan con el registro biométrico podrían perder sus líneas telefónicas. La institución ha iniciado ya una campaña publicitaria instando a los usuarios a realizar este registro lo antes posible, como parte de las nuevas disposiciones para la adquisición de chips telefónicos.
El analista político enfatizó que este proyecto adquiere especial relevancia por desarrollarse en tres contextos críticos: «un año político», la participación como precandidata de «una ministra de Defensa del oficialismo» (Rixi Moncada), y la posible intervención de la empresa venezolana Smartmatic en el manejo de datos.
González expresó particular inquietud sobre Smartmatic, señalando que existe «una orden de detención sobre el propietario» de la empresa y cuestionando su participación en anteriores procesos electorales: «la experiencia más resonante que tiene es el gigantesco fraude electoral que existió en Venezuela», afirmó.
El debate sobre este registro biométrico refleja las tensiones entre las medidas de seguridad y control propuestas por el gobierno hondureño y las preocupaciones sobre privacidad y posible uso político de los datos ciudadanos en un contexto electoral sensible.
