Tegucigalpa – El analista político Kenneth Madrid expresó este martes su preocupación ante el rechazo por parte del Gobierno de Honduras de un préstamo concesional ofrecido por Francia, señalando que esta decisión podría responder a intereses sectoriales ajenos a las necesidades reales de la población hondureña.
«Aquí siempre se está siguiendo una política pública que no siempre va acorde a los intereses del pueblo hondureño», manifestó Madrid al referirse a la controversial decisión de la Secretaría de Salud (Sesal), que declinó un financiamiento por 39 millones de euros destinado a fortalecer la capacidad quirúrgica del país mediante la implementación de dos salas especializadas en trasplantes renales.
El experto cuestionó los motivos detrás de esta determinación, sugiriendo que «pareciera y da la impresión que se quieren beneficiar a algunos sectores», aunque no especificó cuáles podrían ser esos intereses particulares. En contraposición, enfatizó que el Estado hondureño tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la salud de todos los ciudadanos.
Madrid ofreció un diagnóstico contundente sobre la situación actual del sistema sanitario nacional: «Actualmente ningún sistema de salud funciona en Honduras», afirmó, subrayando la urgencia de trabajar en la construcción y fortalecimiento de servicios básicos que respondan a las necesidades fundamentales de la población.
Como alternativa a las decisiones aisladas y potencialmente influenciadas por intereses particulares, el analista propuso la elaboración de un plan nacional de salud inclusivo que involucre a todos los sectores relevantes. «Honduras ya no ocupa estar apagando fuegos en salud, debe trabajar en una reforma completa e integral que brinde salud al pueblo», concluyó.
Madrid se sumó a las voces de diversos sectores que han demandado una explicación más detallada y transparente sobre los motivos que llevaron al rechazo de un préstamo en condiciones favorables, especialmente cuando este estaba dirigido a fortalecer un área crítica como los trasplantes renales, intervenciones que actualmente son inaccesibles para la mayoría de los pacientes hondureños con insuficiencia renal crónica.
La decisión gubernamental ha generado controversia en un contexto donde el sistema de salud público enfrenta graves deficiencias estructurales, escasez de medicamentos y largas listas de espera para procedimientos especializados, situación que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad hondureña.
