Tegucigalpa – El uso de medios oficiales de las Fuerzas Armadas para atacar al gremio periodístico ha generado una ola de condenas que trasciende el ámbito comunicacional, al considerarse una violación fundamental al principio de neutralidad que debe caracterizar a las instituciones públicas en un sistema democrático.
Según analistas consultados, el hecho de que la portada titulada «Sicarios de la comunicación» provenga de un medio oficial de las Fuerzas Armadas—como claramente se indica en el encabezado institucional—constituye una transgresión grave al principio básico de que las instituciones del Estado deben abstenerse de participar en ataques contra ciudadanos, especialmente cuando se trata de periodistas y medios de comunicación que ejercen su derecho constitucional a la información y la crítica.
Las Fuerzas Armadas, como parte integral del aparato estatal, están constitucionalmente obligadas a mantener neutralidad política y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como persecución o intimidación contra sectores específicos de la sociedad civil, particularmente aquellos que ejercen funciones de fiscalización democrática como el periodismo independiente.
Organizaciones de sociedad civil y gremios de prensa han comenzado a expresar creciente preocupación por el tono y contenido de la comunicación militar, advirtiendo sobre los peligrosos precedentes que implica criminalizar la labor periodística y el ejercicio de la crítica pública, especialmente en un contexto electoral caracterizado por alta tensión y polarización política.
Estas voces advierten que la utilización de terminología bélica para describir el trabajo periodístico—equiparando a comunicadores con «sicarios»—constituye un intento deliberado de deslegitimar y estigmatizar una profesión fundamental para el funcionamiento democrático, creando un ambiente de hostilidad que podría traducirse en acciones más graves contra la libertad de expresión.
La comunidad internacional observa con atención esta confrontación entre el periodismo independiente y las estructuras de poder hondureñas, en un momento que diversos observadores consideran crucial para la consolidación o deterioro de la democracia en el país centroamericano.
Representantes diplomáticos y organizaciones internacionales de derechos humanos han comenzado a tomar nota de lo que interpretan como un patrón preocupante de autoritarismo que podría influir en la evaluación internacional sobre la calidad democrática hondureña y sus perspectivas de desarrollo institucional.
Esta actitud beligerante, que diversos analistas consideran «más propia de regímenes militares que de democracias en construcción», plantea serios cuestionamientos sobre el verdadero rol que está desempeñando la cúpula militar en el frágil equilibrio de poderes del país, especialmente en vísperas de un proceso electoral que debería desarrollarse en un ambiente de plenas garantías democráticas.
Los analistas críticos coinciden en que el episodio revela una peligrosa militarización del discurso político que contradice los principios fundamentales de subordinación militar al poder civil y respeto a los derechos fundamentales que caracterizan a las democracias modernas.
El caso adquiere particular gravedad considerando que se produce en un contexto donde la ministra de Defensa, Rixi Moncada, busca la presidencia de la República, lo que plantea interrogantes sobre si las Fuerzas Armadas están siendo instrumentalizadas para defender intereses político-partidarios específicos en lugar de mantener su obligada neutralidad institucional.
Esta crisis representa un test fundamental para la fortaleza institucional hondureña y su capacidad de mantener los controles y equilibrios democráticos necesarios para evitar que instituciones armadas del Estado se conviertan en actores políticos que intimiden a la sociedad civil o participen en campañas de deslegitimación contra sectores críticos del gobierno.
El desarrollo de esta controversia será observado tanto nacional como internacionalmente como un indicador del rumbo democrático hondureño en un momento donde el país enfrenta múltiples desafíos institucionales y se prepara para definir su futuro político en las urnas de noviembre.
