Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó este martes sobre la preocupante baja ejecución del presupuesto gubernamental financiado con crédito externo, revelando que a mitad de año únicamente se ha ejecutado el 8 por ciento de recursos que superan los 40 mil millones de lempiras, lo que evidencia problemas estructurales en el acceso a financiamiento por parte del gobierno.
Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de ASJ, calificó como «alarmante y preocupante» esta cifra que sugiere dificultades en la gestión de recursos externos. «Apenas se ha ejecutado el 8 por ciento, esto nos da una alerta de que algo está pasando con el acceso a financiamiento por parte del Gobierno», puntualizó la especialista.
Rivera explicó que aunque el Congreso Nacional aprobó recientemente «una serie de contratos de préstamo de deuda», los recursos permanecen sin desembolsar debido a que «hay que cumplir una serie de condiciones que establece cada uno de los convenios y todavía no se han desembolsado y todavía no se han ejecutado».
La baja ejecución del 8 por ciento corresponde específicamente a los más de 40 mil millones de lempiras programados con crédito externo, lo que implica que «los programas y proyectos financiados con esta fuente no se están ejecutando», incluyendo iniciativas críticas de desarrollo agrícola, construcción de carreteras e infraestructura rural básica.
La especialista de ASJ proyectó un escenario preocupante si la tendencia se mantiene lineal. «En caso de ser una ejecución lineal, se estaría hablando que solo se va a lograr ejecutar el 80 por ciento», explicó Rivera, aunque reconoció que tradicionalmente «en los últimos meses del año se acelera la ejecución de recursos».
Rivera anticipó que el contexto electoral podría influir en la aceleración de la ejecución presupuestaria. «Es muy probable pues considerando que es año electoral y algunos temas se ejecutan con mayor celeridad se llegue a más del 90 por ciento», proyectó, sugiriendo que las presiones políticas podrían compensar parcialmente los retrasos actuales.
La alerta de ASJ evidencia vulnerabilidades en la capacidad institucional del gobierno para cumplir con las condiciones técnicas y administrativas que organismos internacionales establecen para el desembolso de préstamos, un problema que trasciende la simple aprobación legislativa de contratos de deuda.
La paralización de proyectos de infraestructura rural básica y desarrollo agrícola debido a la falta de desembolsos tiene implicaciones directas para sectores productivos y comunidades rurales que dependen de estas inversiones para mejorar sus condiciones de vida y capacidades productivas.
El patrón de baja ejecución a mitad de año también sugiere que el gobierno enfrenta dificultades para sincronizar los tiempos legislativos de aprobación de préstamos con los procesos técnicos necesarios para cumplir las condiciones que permiten el acceso efectivo a los recursos financieros.
La concentración de ejecución presupuestaria en los últimos meses del año, fenómeno que Rivera identifica como recurrente, genera riesgos de calidad en la implementación de proyectos al comprimir tiempos de ejecución por presiones de calendario fiscal.
Para ASJ, esta situación representa un indicador de gestión gubernamental que requiere atención inmediata, especialmente considerando que el acceso a financiamiento externo es crucial para el desarrollo de infraestructura y programas sociales que el gobierno ha priorizado en su agenda de desarrollo nacional.
