Tegucigalpa – El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, calificó como un avance significativo la revisión de la legalidad del estado de excepción por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Seguimos viendo cómo se sigue violentando la Constitución de la República. La sala y magistrados dictaminarán si es procedente o no establecer la ilegalidad de esta medida», puntualizó el funcionario de la organización civil.
Castañeda añadió que estas disposiciones vulneran derechos fundamentales como la libertad de asociación, reunión, circulación y la inviolabilidad del domicilio, además de contravenir el marco constitucional y los tratados internacionales suscritos por Honduras.
El representante de ASJ indicó que la prolongada aplicación del estado de excepción, que ha sido extendido en más de 20 ocasiones desde su implementación, no cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 187 de la Constitución de la República.
En ese sentido, Castañeda subrayó que la mayoría de las prórrogas no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, lo que las convierte en ilegales y arbitrarias, comentando además que la admisión del recurso constitucional ha sido celebrada por la ASJ, que ahora espera una resolución favorable y la consiguiente suspensión del estado de excepción.
«Lo que pedimos es que se haga legal, y de su debida forma, que no se suspendan derechos y garantías si no se cuentan con todos los mecanismos, estamos evitándole al Estado de Honduras repercusiones a futuro», concluyó el director de Seguridad y Justicia de la organización.
La posición de ASJ refleja las preocupaciones de sectores de la sociedad civil sobre la constitucionalidad y efectividad del estado de excepción, que ha sido una de las medidas centrales de la política de seguridad del gobierno actual.
La revisión por parte de la Sala de lo Constitucional podría sentar un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en la implementación de medidas excepcionales y la protección de derechos fundamentales en contextos de seguridad nacional.
El resultado de esta revisión judicial tendrá implicaciones significativas tanto para la continuidad de la medida como para el equilibrio de poderes en el marco institucional hondureño.
