Tegucigalpa – El director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, cuestionó la implementación de un nuevo estado de excepción en Honduras tras señalar que el anterior terminó sin la ratificación requerida constitucionalmente, evidenciando un patrón de incumplimiento legal que fortalece el recurso de inconstitucionalidad presentado por la organización.
«Sorprende, pero no sorprende que tengamos nuevamente un estado de excepción. Terminamos el anterior que era el número 21 sin una ratificación del Congreso Nacional, nuevamente incumpliendo con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución, pero que también viene a fortalecer ese recurso de inconstitucionalidad de la ASJ», declaró Castañeda al analizar la continuidad de esta medida excepcional.
El especialista en derechos humanos se refirió al proceso judicial que actualmente ventila la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que a finales de mayo admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por la ASJ contra el estado de excepción vigente en el país desde diciembre de 2022.
Castañeda expresó que si la Sala Constitucional determina que el estado de excepción es legal, la organización «habría que aceptarlo y abocarnos a instancias internacionales, pero si no, serán ellos los encargados de decirle al Ejecutivo en la ilegalidad que han venido incurriendo por dos años y medios». Esta declaración sugiere que la ASJ está preparada para elevar el caso a tribunales internacionales si no obtiene una resolución favorable.
La efectividad del estado de excepción ha sido puesta en entredicho por cifras alarmantes proporcionadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que reveló que desde la implementación de esta medida, Honduras ha registrado más de 90 muertes múltiples que han dejado centenares de víctimas fatales en todo el territorio nacional.
Según el análisis de Castañeda, desde la suspensión de garantías constitucionales en diciembre de 2022, los tres delitos que el gobierno utiliza para justificar la sostenibilidad del estado de excepción son los homicidios, la extorsión y el microtráfico. Sin embargo, el especialista cuestiona la efectividad de la medida en el combate a estos crímenes.
Particularmente en el tema de extorsión, delito que el gobierno argumentó como justificación principal para el nacimiento de la medida excepcional, la ASJ ha identificado que «es mínima o baja la actividad que se ha hecho respecto a ese delito». Esta observación sugiere que la medida no ha logrado impactar significativamente en la reducción de este flagelo.
Las cifras sobre extorsión presentadas por Castañeda resultan especialmente preocupantes. «Son más de 300 mil hogares que se registraron al cierre de 2024 por el tema de la extorsión, los motoristas han manifestado que están preocupados, la gente ya no quiere usar los medios de transporte público por temor de que en cualquier momento haya ataque», reveló el director de ASJ.
Esta situación evidencia que pese a más de dos años de estado de excepción, la población hondureña continúa experimentando altos niveles de inseguridad que afectan directamente la movilidad y las actividades económicas cotidianas. El temor al uso del transporte público refleja el impacto psicológico que la violencia criminal ha generado en la sociedad hondureña.
El cuestionamiento de la ASJ al nuevo estado de excepción se produce en un contexto donde la organización mantiene una posición crítica sobre la efectividad de esta medida para combatir la criminalidad, mientras documenta violaciones a derechos humanos y el incumplimiento de procedimientos constitucionales en su implementación.
