Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expresó su profunda preocupación por la falta de avances reales en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), después de que el Congreso Nacional rechazara esta semana la propuesta de ley especial presentada por el oficialismo.
En un comunicado público, la ASJ señaló que Honduras «merece más que discursos vacíos de los políticos y manipulaciones de funcionarios», en referencia a la continua dilación del proceso que ya lleva más de tres años desde que la presidenta Xiomara Castro prometió la instalación del mecanismo anticorrupción.
La crítica de la organización civil llega en un momento especialmente delicado, ya que el gobierno hondureño acaba de renovar por quinta vez el memorando de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), extendiendo el plazo hasta diciembre de 2025.
Esta nueva prórroga evidencia el estancamiento de un proceso que, según expertos, se ha prolongado indefinidamente sin resultados concretos.
La ASJ denunció específicamente la «falta de voluntad política genuina por parte del liderazgo del Congreso Nacional», criticando lo que califica como «una estrategia calculada» del oficialismo para «aparentar transparencia ante la instalación de la CICIH».
Durante la sesión legislativa del miércoles pasado, los diputados de oposición rechazaron la propuesta del oficialismo, argumentando que no consideraba las observaciones necesarias y que intentaba traer una CICIH «a la medida» para evitar investigaciones.
Según el vicecanciller Antonio García, «la llegada de la CICIH depende del Congreso Nacional, ya que este debe aprobar las reformas solicitadas por la ONU». Sin embargo, la organización civil señaló que durante más de tres años, el poder legislativo «ha sido incapaz de impulsar las reformas clave que garanticen la autonomía e independencia de la CICIH».
La asesora legal del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Osiris Payes, confirmó que a más de 40 meses desde que el gobierno expresó su compromiso con la instalación del mecanismo anticorrupción, «aún no existe un marco jurídico adecuado ni una estructura institucional que haga viable su llegada».
Entre los obstáculos principales se encuentran temas sensibles como la derogación de la Ley de Amnistía, la independencia económica de la Comisión y el hecho de que el fiscal general mantendría el poder de acreditar a sus integrantes. Un informe del Equipo de Expertos de la ONU reveló que Honduras solo ha cumplido tres de las nueve recomendaciones necesarias para avanzar en la instalación de la CICIH.
La situación se ha vuelto más compleja con la proximidad de las elecciones primarias de marzo y las generales de noviembre de 2025. Según analistas, el año electoral «consumirá la agenda de los tomadores de decisiones en Honduras, lo que estancará el avance en las condiciones necesarias para instalar la CICIH».
La presidenta Castro respondió a las críticas señalando que quienes rechazaron la reforma constitucional fueron «los mismos que expulsaron a la MACCIH» y que «se les cayó la máscara». Castro denunció que los diputados que anteriormente decían apoyar la CICIH fueron «los mismos que votaron para que la CICIH no viniera».
Por su parte, el presidenciable liberal Salvador Nasralla afirmó que la ONU solo pide dos condiciones para instalar el mecanismo: que puedan designar el personal y que el presupuesto esté a cargo de cooperantes extranjeros. Nasralla criticó que la propuesta del oficialismo pretendía que el Fiscal General designara el coordinador de la CICIH.
La ASJ concluyó su pronunciamiento con un llamado urgente: «Honduras no necesita más discursos vacíos ni gestos simbólicos. Exigimos acciones concretas y coherentes por parte de quienes ostentan el poder», e hizo un llamado a toda la sociedad hondureña a «mantenerse firme en la defensa de una CICIH con verdaderas facultades y herramientas para responder al legítimo anhelo ciudadano de justicia».
El diputado Carlos Umaña calificó lo sucedido en el Congreso como un «show que se volvió velatorio y entierro», argumentando que a la clase política no le conviene que venga la Comisión Anticorrupción. Con esta nueva crisis, el futuro de la CICIH en Honduras parece más incierto que nunca, especialmente considerando que el mandato de Castro concluye en enero de 2026.
