Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, denunció este jueves que la comisión especial anunciada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tiene como verdadero propósito atacar y desacreditar a organizaciones de sociedad civil que ejercen labores de control y auditoría al poder, específicamente a la ASJ y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
«La intención de esa comisión es puntual: investigar a dos organizaciones, entre ellas la ASJ, motivados por asesores extranjeros ecuatorianos, venezolanos y nicaragüenses que están influenciando al señor Redondo», afirmó Hernández en declaraciones que evidencian la tensión entre las organizaciones fiscalizadoras y el Poder Legislativo.
El directivo subrayó que su organización opera con total transparencia y no tiene nada que ocultar, destacando que toda la información relacionada con los fondos que reciben está disponible públicamente, además de ser auditada y certificada por firmas de prestigio internacional.
«Luis Redondo puede ver exactamente cuántos fondos recibimos de USAID, del Departamento de Estado, del gobierno alemán, del noruego, de la Unión Europea, de España y de muchas otras organizaciones», precisó Hernández, dejando claro que la financiación de la ASJ es completamente trazable.
Según el director de ASJ, el verdadero motivo detrás de estos ataques es la labor fiscalizadora que organizaciones como la suya han realizado, exigiendo transparencia en el uso de más de mil millones de lempiras en contrataciones del Congreso Nacional, gastos que —según afirmó— no pueden ser auditados por ningún ciudadano hondureño.
«¿Cómo saber si ese dinero se usó para comprar ropa interior de marca o joyas? En el pasado, nosotros documentamos que un diputado justificó gastos con compras de ropa interior fina», señaló Hernández con tono crítico. «Y por eso nos atacan, porque ejercemos contrapeso y exigimos rendición de cuentas».
El titular de ASJ advirtió que acciones como esta son características de regímenes autoritarios, estableciendo un paralelismo con la situación en Nicaragua, donde las autoridades expulsaron a congregaciones religiosas por considerar su trabajo una amenaza para el régimen establecido.
En un giro irónico, Hernández recordó que el propio Redondo fue beneficiario de fondos internacionales cuando aún no ocupaba la presidencia del Congreso y buscaba posicionarse como líder anticorrupción. «Jamás USAID fue una estructura criminal. Ahora resulta que esos fondos son malos cuando los recibe la sociedad civil, pero no cuando se usan en el Congreso», cuestionó.
Finalmente, el directivo reafirmó el compromiso de su organización para continuar exigiendo transparencia y advirtió que los intentos de silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación no tendrán éxito. «Nos quieren desaparecer, pero estamos más fuertes que nunca. Seguimos firmes gracias al apoyo de nuestros socios nacionales e internacionales. Que les quede claro: no nos vamos a callar», concluyó.
