Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó una formal solicitud de información al ministro de Finanzas Christian Duarte para que explique el paradero de 6,736 millones de lempiras del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido como Tasa de Seguridad, que no aparecen contabilizados en la distribución oficial de recursos.
El director de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda, reveló que los análisis realizados con base en información publicada por la Secretaría de Finanzas (Sefin) evidencian serias inconsistencias en el manejo de estos recursos tributarios. La investigación de la organización anticorrupción detectó que no todos los fondos que ingresan a la Tesorería General de la República por concepto de Tasa de Seguridad tienen un destino claramente identificado.
Los datos proporcionados por Castañeda indican que la recaudación total entre 2022 y mayo de 2025 alcanzó 15,457 millones de lempiras, mientras que únicamente se logró identificar la distribución de 8,722 millones. Esta diferencia de 6,736 millones de lempiras representa el 43.6% de los ingresos totales generados por este tributo especial, una proporción que la ASJ considera alarmante por la falta de transparencia.
Ante esta significativa inconsistencia en las cuentas públicas, la ASJ demandó a Sefin que proporcione la justificación técnica y legal sobre la asignación parcial de los recursos recaudados, el uso específico de los fondos no distribuidos y los mecanismos de control implementados para la administración de estos montos millonarios.
La solicitud formal de información se fundamenta en múltiples marcos legales que garantizan el acceso ciudadano a datos sobre el manejo de recursos públicos. Castañeda explicó que la petición «se ampara en los artículos 6 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantizan el derecho ciudadano a acceder a información sobre el uso de recursos públicos».
Adicionalmente, la ASJ respaldó su demanda en los artículos 45, 80 y 232 de la Constitución de la República, que reconocen el derecho de petición, establecen la transparencia en la administración pública y obligan a los funcionarios a rendir cuentas, especialmente sobre fondos provenientes de tributos como la Tasa de Seguridad.
La petición del capítulo hondureño de Transparencia Internacional busca obtener acceso completo a la información del periodo comprendido entre 2022 y junio de 2025, incluyendo detalles del presupuesto integral de este fondo con el monto aprobado, vigente y ejecutado en cada ejercicio fiscal.
La Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) fue establecida mediante la Ley de Seguridad Poblacional, aprobada en 2012 cuando Juan Orlando Hernández ejercía la presidencia del Congreso Nacional. Esta contribución especial de carácter obligatorio se cobra sobre transferencias nacionales e internacionales enviadas por personas naturales, aplicando una tarifa de 2 lempiras por cada 1,000 lempiras o fracción enviados en valores superiores a 120 mil lempiras.
El mecanismo de recaudación se ejecuta a través del sistema financiero nacional, que retiene automáticamente estos fondos en las operaciones de transferencia para entregarlos posteriormente a la autoridad competente. Sin embargo, la falta de transparencia sobre el destino final de estos recursos ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil.
La solicitud de ASJ representa un nuevo capítulo en la demanda ciudadana por mayor transparencia en el manejo de fondos públicos, especialmente en un contexto donde múltiples escándalos de corrupción han erosionado la confianza en las instituciones gubernamentales. La respuesta de las autoridades a esta petición será indicativa del compromiso real del gobierno con la rendición de cuentas y la transparencia fiscal.
