Tegucigalpa – La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) formalizó este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público por el escándalo del «cheque video» que involucra fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), escalando las acciones legales contra los funcionarios implicados en el presunto desvío de recursos públicos.
La organización presentó cargos específicos por la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios, estableciendo un marco legal concreto para el procesamiento de los responsables del escándalo que resultó en la renuncia del ministro José Carlos Cardona.
El director de seguridad y justicia de ASJ, Nelson Castañeda, declaró que «hay indicios suficientes para que el Ministerio Público pueda emprender una denuncia seria, formal y equitativa», proporcionando sustento jurídico a las acusaciones que hasta ahora se habían limitado al ámbito político y mediático.
La denuncia formal incluye una petición respaldada por más de mil firmas ciudadanas que exige al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) «que brinden respuestas de manera inmediata a quienes le llegaron el dinero de Sedesol», evidenciando el respaldo social a las demandas de transparencia en el caso.
Castañeda enfatizó el impacto potencial de los recursos mal utilizados, manifestando que «es una cantidad de dinero bastante significativa, que se hubiese llegado a las personas correctas y ejecutado en los proyectos que se necesitan el impacto habría sido positivo», subrayando el costo social del presunto desvío de fondos destinados a programas de ayuda social.
El representante de ASJ señaló que con este escándalo «se sigue repitiendo en este gobierno las malas prácticas del pasado en la que diputados continúan manejando fondos del Estado», estableciendo una continuidad entre el actual gobierno y las administraciones anteriores en términos de irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Castañeda expresó su preocupación por la efectividad del sistema de justicia, manifestando que «anheló que no se pierda la investigación en el camino para dar con los responsables de este escándalo», reflejando el escepticismo sobre la capacidad institucional para procesar casos de corrupción de alto nivel.
El escándalo se originó la semana pasada con la difusión de un video donde aparece la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, manteniendo una conversación telefónica con el entonces ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, sobre el manejo de fondos de Sedesol para la campaña electoral en Copán.
Las revelaciones del video causaron que Cardona dimitiera a su cargo como ministro de Sedesol durante una reunión del Gabinete Ampliado celebrada el viernes pasado. Según trascendió, el ya exfuncionario «ni siquiera fue dejado ingresar a la reunión convocada por la presidenta Xiomara Castro», evidenciando la gravedad con que el gobierno manejó las implicaciones del escándalo.
La denuncia formal de ASJ representa un escalamiento significativo en las consecuencias legales del escándalo, pasando de la presión política y mediática hacia acciones judiciales concretas que podrían resultar en procesamientos penales contra los funcionarios involucrados.
La organización civil se convierte así en el primer actor formal en presentar cargos específicos ante la justicia, estableciendo precedentes para que otras organizaciones o ciudadanos puedan seguir caminos similares para exigir rendición de cuentas en el caso.
El respaldo de más de mil firmas ciudadanas a la denuncia evidencia que el escándalo ha generado indignación popular más allá de los círculos políticos y mediáticos, convirtiendo el caso en un símbolo de las demandas ciudadanas por transparencia y combate efectivo a la corrupción.
La presentación formal de cargos por malversación de caudales públicos y violación de deberes funcionariales coloca al Ministerio Público bajo presión institucional para demostrar que puede procesar efectivamente casos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel del gobierno actual.
Las acciones de ASJ también amplían el foco de responsabilidades, ya que los cargos podrían aplicarse tanto al exministro Cardona como a la diputada Cuéllar, quien permanece en funciones pese a estar igualmente involucrada en el video comprometedor que desató el escándalo.
