Tegucigalpa – El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, situó este martes el escándalo que involucra al ministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar dentro de un patrón histórico de corrupción que conecta con casos como Pandora y Arca Abierta, advirtiendo que se trata de una práctica institucionalizada de usar fondos públicos para financiamiento político electoral.
«Este nuevo tema no es más que otro caso como Pandora o Arca Abierta, lo que investigaba la MACCIH: el uso de fondos públicos disfrazados como ‘proyectos sociales’, que en realidad terminan financiando campañas políticas», explicó Castañeda, estableciendo una continuidad entre escándalos que han marcado décadas de corrupción política en Honduras.
El representante de ASJ recordó que la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) había identificado precisamente «desmantelar estructuras de corrupción asociadas al uso discrecional del antiguo fondo departamental» como uno de sus objetivos centrales, evidenciando que las prácticas actuales replican esquemas ya documentados por organismos internacionales.
«Por eso se hablaba de eliminar ese fondo, pero han buscado nuevas formas de mantener los mismos vicios», agregó Castañeda, sugiriendo que los mecanismos actuales de Sedesol representan una evolución de las estructuras que la MACCIH intentó desmantelar antes de su expulsión del país en 2020.
Castañeda denunció que la clase política hondureña no ha incorporado lecciones de escándalos previos. «Es triste ver que los fondos públicos siguen siendo utilizados como botín electoral. No hay informes claros, y si existen, no son transparentes», lamentó, caracterizando el problema como una falla sistémica en la cultura política nacional.
El analista identificó un obstáculo institucional específico que protege a los legisladores involucrados en estos esquemas. Explicó que actualmente «el Ministerio Público no puede investigar a diputados sin un informe previo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), producto del ‘pacto de impunidad’ aprobado en el Congreso», un mecanismo que retrasa o impide investigaciones criminales.
«Ese es el problema: el TSC actúa con lentitud y hay una mora enorme en la emisión de esos informes», subrayó Castañeda, evidenciando cómo las reformas legislativas han creado barreras procedimentales que favorecen la impunidad de los diputados involucrados en casos de corrupción.
El director de ASJ estableció una conexión directa entre casos como el de Cardona-Cuéllar y la resistencia gubernamental a instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). «Casos como este serían de los primeros en ser investigados por una misión internacional. Por eso no quieren la CICIH», afirmó, sugiriendo que el temor a investigaciones efectivas motiva la oposición a mecanismos internacionales.
Castañeda también analizó las dinámicas políticas que facilitan estos esquemas, observando «recientes movimientos dentro del Congreso Nacional, donde se observa una creciente adhesión de diputados a grupos de poder político». Describió un patrón donde «muchos se cambian de partido, se acomodan, se alinean a quienes reparten los recursos», evidenciando cómo el acceso a fondos públicos influye en las lealtades legislativas.
El llamado final de Castañeda reflejó escepticismo cauteloso sobre las promesas oficiales de investigación. «Ojalá sea cierto que habrá investigaciones serias y una rendición de cuentas real sobre el uso de los fondos públicos, como lo pide la presidenta Xiomara Castro», concluyó, demandando que las autoridades transformen las declaraciones públicas en acciones concretas de rendición de cuentas.
