Tegucigalpa – La bancada del Partido Liberal se deslindó este jueves del escándalo del «cheque video» al asegurar que sus diputados únicamente gestionaron fondos del Fondo Social sin tener acceso directo al dinero, mientras anunció que promoverá un juicio político contra la diputada Isis Cuéllar por su participación en actos de corrupción deliberada.
La respuesta de los legisladores liberales se produjo después de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, publicara un listado de diputados de esta fuerza política que recibieron recursos del Fondo Social a través de diversas secretarías de Estado, en el contexto de las investigaciones por el manejo irregular de fondos públicos.
A través de un pronunciamiento oficial, la bancada liberal defendió su gestión argumentando que «gestionar proyectos en favor de las comunidades que los eligieron es una obligación moral, legal y política». Los diputados aclararon que su función se limitó a «identificar necesidades y canalizar recursos hacia instituciones responsables de su ejecución», desmarcándose de cualquier manejo directo de dinero público.
La dirigencia liberal adoptó una posición combativa al rechazar cualquier intento de criminalizar su labor legislativa. «No permitirá que se confunda la gestión con robo, que criminalizar la primera actividad es un intento burdo de intimidar a quienes si trabajaron por la población», enfatizó la bancada en su comunicado oficial.
Los diputados liberales establecieron una distinción clara entre su actuación y el escándalo protagonizado por la diputada oficialista Isis Cuéllar. «El caso ‘cheque video’ de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no es una simple irregularidad, sino que fue un acto deliberado de corrupción en la que están involucrados el exministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar», señalaron categóricamente.
La bancada liberal dirigió críticas severas contra las instituciones encargadas de la fiscalización, exigiendo al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público que «dejen de ser cómplices al mantenerse en silencio sobre este caso». Los legisladores demandaron que la investigación sea «imparcial y no sesgada, ni dirigida y acomodada al interés oficial».
Como medida concreta para exigir responsabilidades, la bancada liberal anunció que solicitará en el hemiciclo legislativo la realización de un juicio político contra Isis Cuéllar «para que rinda cuentas ante la justicia hondureña». Esta iniciativa representa una escalada en las acciones parlamentarias contra la diputada del partido oficialista.
La acusación más grave formulada por los liberales apunta directamente al financiamiento político irregular. La bancada denunció que «estos fondos de Sedesol se cambiaron cheques en las cuentas bancarias de Libre para utilizarlos en la campaña política de Rixi Moncada», conectando directamente el desvío de recursos públicos con el proceso electoral interno del partido gobernante.
Esta denuncia amplía las implicaciones del escándalo al sugerir que los fondos públicos desviados tuvieron un destino político específico, financiando las aspiraciones presidenciales de la precandidata oficialista. La acusación refuerza las sospechas sobre el uso sistemático de recursos estatales para fortalecer la maquinaria electoral del partido Libre.
El pronunciamiento de la bancada liberal evidencia una estrategia de diferenciación política que busca contrastar su gestión de fondos sociales con las prácticas irregulares atribuidas al oficialismo, mientras impulsa acciones judiciales concretas para exigir responsabilidades por la corrupción denunciada.
