Tegucigalpa – El comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, salió en defensa de la gestión gubernamental al señalar que los transportistas no tienen justificación para quejarse, argumentando que la administración actual les ha pagado significativamente más recursos que el anterior gobierno del Partido Nacional.
Barahona respondió directamente al anuncio de la dirigencia del transporte sobre un paro del servicio programado para la próxima semana, ante lo que consideran reiterados incumplimientos por parte del gobierno en el pago del bono compensatorio que mantiene estables las tarifas del transporte urbano.
El funcionario informó que actualmente se están buscando los fondos necesarios para realizar el pago del compensatorio al sector transporte, enfatizando que “ellos no tienen justificación para quejarse” al tiempo que manifestó que esta administración les ha acreditado mucho más recursos de los que recibieron durante el gobierno del Partido Nacional.
“El proceso ya inició, inició hace casi un mes y claro que todo tiene su trámite en el gobierno, la semana pasada se comunicó, ayer en la noche también de que ya hay instrucciones para buscar recursos y que se integre en el presupuesto del IHTT para pagarles”, manifestó Barahona, sugiriendo que la solución está en proceso.
El comisionado reiteró enfáticamente que los transportistas no tienen justificación para sus quejas, argumentando que “en estos primeros 3-4 meses les hemos pagado casi 8-9 meses con seguridad de los subsidios, ellos saben que la presidenta ha honrado todos sus compromisos, este gobierno les ha dado más de mil millones de lempiras”.
Esta cifra de más de mil millones de lempiras representa, según Barahona, una inversión sin precedentes en el sector del transporte público, contrastando significativamente con los recursos que recibieron durante administraciones anteriores, especialmente la del Partido Nacional.
El titular del IHTT argumentó que resulta imposible realizar el pago del bono compensatorio mes a mes debido a las limitaciones presupuestarias y los procedimientos administrativos requeridos, pero aseguró que se está haciendo el esfuerzo para concretar el pago en las próximas semanas.
Las declaraciones de Barahona se producen en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el sector del transporte, que reclama cuatro meses de atraso en el bono compensatorio y ha amenazado con medidas de presión si no reciben respuestas concretas de las autoridades.
El bono compensatorio representa un subsidio gubernamental de tres lempiras por pasajero que permite mantener la tarifa del transporte urbano en 13 lempiras, cuando la tarifa técnica real debería ser de 16 lempiras según los cálculos del sector. Este mecanismo fue diseñado para evitar el impacto inflacionario en la población mientras se mantiene la viabilidad económica del servicio.
Durante su gestión al frente del IHTT, Barahona ha mantenido una posición firme respecto a las exigencias del sector transporte, condicionando en ocasiones el pago de subsidios a la modernización de las flotas vehiculares y la mejora en la calidad del servicio prestado a los usuarios.
En declaraciones anteriores, el funcionario había advertido que “si no hay inversión, no tiene sentido subsidiar” y había criticado especialmente a los transportistas de la capital por lo que considera un servicio deficiente, argumentando que “se debe dar subsidio siempre y cuando haya una mejoría en la calidad del servicio a la población”.
El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, bajo la dirección de Barahona, ha enfrentado múltiples desafíos en la administración del sistema de transporte público, incluyendo la regulación de tarifas, la modernización de flotas vehiculares y la implementación de sistemas de pago electrónico en las principales ciudades del país.
Los transportistas, por su parte, han argumentado que enfrentan costos operativos crecientes debido a factores como la extorsión, el deslizamiento del lempira frente al dólar que encarece los repuestos importados, y los altos intereses bancarios, elementos que no están contemplados adecuadamente en los cálculos tarifarios oficiales.
La comparación establecida por Barahona con el gobierno anterior del Partido Nacional busca contextualizar los esfuerzos actuales en materia de subsidios al transporte, sugiriendo que la administración de Xiomara Castro ha demostrado mayor compromiso financiero con el sector que sus predecesores.
Sin embargo, los dirigentes del transporte mantienen que las promesas de pago no se han materializado en transferencias efectivas, y que la acumulación de cuatro meses de atraso compromete seriamente la sostenibilidad operativa de las empresas transportistas, especialmente las de menor tamaño.
El conflicto también refleja tensiones más amplias sobre la gestión presupuestaria del gobierno, ya que el bono compensatorio requiere asignaciones específicas que deben ser coordinadas entre el IHTT y la Secretaría de Finanzas para garantizar la disponibilidad de recursos.
Barahona ha defendido consistentemente la gestión de su institución, argumentando que los procedimientos administrativos requieren tiempo y que el gobierno mantiene su compromiso con el sector, pese a las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado hondureño.
La amenaza de paro anunciada por los transportistas para la próxima semana representa una escalada en el conflicto que podría afectar directamente a miles de usuarios del transporte público en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, las cuatro ciudades donde opera el sistema de bono compensatorio.
El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad del gobierno para materializar las promesas de pago anunciadas por Barahona, así como de la disposición del sector transporte para mantener el diálogo antes de proceder con las medidas de fuerza anunciadas.
La situación también pone a prueba la efectividad del modelo actual de subsidios al transporte público, especialmente en un contexto económico complejo donde las presiones inflacionarias y las restricciones fiscales limitan las opciones de política pública disponibles para el gobierno.
El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre enfrenta el desafío de equilibrar las demandas del sector privado con las limitaciones presupuestarias del Estado, mientras intenta mantener un servicio de transporte público accesible para la población de menores ingresos que depende de estas tarifas subsidiadas.
