Tegucigalpa – Las tensiones políticas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) escalaron este lunes cuando el consejero Marlon Ochoa denunció una presunta estrategia del bipartidismo para manipular la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) de las elecciones generales de 2025. El integrante del pleno del CNE denunció que representantes del Partido Nacional y Partido Liberal están contactando a empresas sudamericanas para que fungen como «prestanombres» de Mapa Soluciones para la implementación del sistema electoral.
Durante una conferencia de prensa, Ochoa detalló sus acusaciones sobre los movimientos del bipartidismo. «Hemos denunciado que una comisión de representantes del Partido Nacional y Partido Liberal ha viajado a países de Sudamérica para gestionar que empresas de esta nación participen en el proceso de licitación de este sistema», declaró a periodistas.
El consejero de Libre añadió que estas empresas sudamericanas les adjudicarían la implementación del TREP en las elecciones generales y servirían como prestanombres para Mapa Soluciones, empresa que ha estado en el centro de controversias electorales previas. Según las denuncias de Ochoa, este modelo busca favorecer a determinados candidatos y evitar que se verifiquen las actas donde el pueblo ha favorecido a otros.
La referencia a Mapa Soluciones trae recuerdos de las polémicas elecciones de 2017, cuando esta empresa fue contratada por el entonces Tribunal Supremo Electoral bajo la presidencia de David Matamoros Batson. La compañía fue posteriormente investigada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en 2021, cuando se inspeccionaron más de 2,700 escáneres utilizados para el escrutinio de papeletas electorales.
Ochoa fundamentó sus críticas en aspectos técnicos del sistema aprobado por mayoría en el CNE. El consejero alegó que la Ley Electoral manda que la totalidad de las actas de cierre se transfieran de manera simultánea al CNE y los partidos políticos mediante una interconexión directa. Su objetivo, explicó, es que las actas de cierre se divulguen con los resultados que proceden de las juntas receptoras de votos y que no sea manipulado cuando pase a posesión del CNE.
El representante de Libre recordó que la diferencia de modelos de divulgación de actas del 2021 con el aprobado es que este último le pone una «tranca» a la difusión de resultados. Amplió que esa «tranca» es una verificación manual de transcriptores asentados en la capital hondureña que decidirá si las actas que favorecen a cualquier presidenciable se detienen para divulgación.
Las acusaciones de Ochoa han generado fuertes respuestas de las otras consejeras del CNE. La presidenta Cossette López defendió el nuevo pliego de condiciones del sistema, afirmando que ahora se incorporan procesos de verificación previos a la divulgación de resultados para evitar proclamaciones anticipadas en contextos polarizados. «Solo en modelos autoritarios las computadoras se encargan de todo, sin revisión humana. Eso no debe ocurrir en una democracia. Verificar es transparentar», sentenció López.
Por su parte, Ana Paola Hall, consejera que representa al Partido Liberal, aseguró que el TREP fue diseñado para corregir errores del pasado y garantizar transparencia. «Como funcionarios nos corresponde construir certezas, no servir a quienes quieren que fracasen las elecciones», escribió en la red social X.
El enfrentamiento trasciende al CNE y ha involucrado a líderes políticos de diferentes partidos. El diputado nacionalista Tomás Zambrano acusó a Marlon Ochoa de querer instaurar un modelo de transmisión «al estilo de dictadores como Nicolás Maduro». Mientras tanto, el precandidato presidencial nacionalista Nasry Asfura respaldó la verificación humana en el sistema TREP y reiteró su apoyo a la consejera Cossette López.
Desde el sector empresarial, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, defendió la legalidad de la votación del pleno del CNE y criticó la postura de Ochoa. «Esa es la democracia, a veces se gana o se pierde», señaló García, quien también cuestionó que los consejeros sean designados por los partidos políticos.
La controversia sobre el TREP se produce en un contexto electoral tenso, a pocos meses de las elecciones generales de noviembre. El CNE ya publicó las condiciones para contratar el sistema TREP, que deberá implementarse en más de 19,800 Juntas Receptoras de Votos en todo el país. Para las elecciones primarias de marzo, el organismo electoral adjudicó el proyecto a la empresa Smartmatic, logrando transmitir el 62% de las actas la noche de la votación.
