Tegucigalpa – La quinta extensión del memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) era un resultado esperado que evita dar al gobierno una excusa para justificar el incumplimiento de sus promesas, según el análisis de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
La académica señaló que si la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no aceptaba una nueva prórroga sobre la CICIH, la quinta desde diciembre de 2022, el gobierno los atacaría de boicot a su gestión. «Era de esperar de Naciones Unidas que aceptara una extensión… sino se hubiese aceptado la extensión, el gobierno los hubiera acusado de boicotear su gestión y lo correcto ha sido que se amplíe el memorándum de entendimiento», declaró Castellanos.
La exrectora universitaria también analizó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) hubiera atribuido la responsabilidad a la ONU del porqué el mecanismo internacional anticorrupción no se ha instalado en Honduras. Esta estrategia, según Castellanos, habría proporcionado al oficialismo la «excusa perfecta» para no cumplir una de sus principales promesas de campaña.
«Era lo esperado que la ONU iba a estar de acuerdo con la extensión, la ONU es un organismo intergubernamental y difícilmente se opondría a una situación como la planteada, la extensión es lo correcto porque así no se le podrá culpar de ser responsables de que por eso no se avanzó con la CICIH», explicó la analista.
Castellanos dirigió sus críticas hacia la falta de avances concretos por parte de las instituciones controladas por Libre. La exrectora indicó que el Congreso Nacional y Poder Ejecutivo son presididos por miembros de Libre, y que ninguno ha dado pasos certeros para traer la misión anticorrupción. Esta observación cobra relevancia considerando que han transcurrido más de dos años desde la firma inicial del memorándum en diciembre de 2022.
El análisis de Castellanos coincide con el de otros críticos del proceso. La diputada Fátima Mena había señalado previamente que «es culpa de Libre, de la abogada Rixi Moncada que lideró la comisión internacional para la negociación y de la presidenta, que Honduras hoy, después de tres años y medio de este gobierno, no tenga una CICIH en el país».
La exrectora estimó que en estos seis meses hay tiempo para que se avance en los documentos y cumplir con los requerimientos que ha exigido la ONU. Entre las reformas legales pendientes se encuentran cambios al Código Procesal Penal, la eliminación del fuero especial de los diputados, reformas a la Ley de Municipalidades sobre responsabilidades de alcaldes y regidores, y la interpretación del concepto de «más altos funcionarios» según la Constitución.
Sin embargo, Castellanos fue enfática al señalar que este período será revelador sobre las verdaderas intenciones del oficialismo. Sostuvo que en este período de seis meses se verá qué partido político y qué parte interesada no tiene voluntad política para la instalación de la CICIH.
El memorándum de entendimiento ha experimentado múltiples extensiones desde su firma original. La primera extensión ocurrió en junio de 2023, la segunda en diciembre de 2023, la tercera en junio de 2024, la cuarta en diciembre de 2024, y ahora la quinta extensión que vence el 15 de diciembre de 2025.
La nueva prórroga fue confirmada por el canciller Efraín Bú Soto, quien informó que el Subsecretario General para Europa, Asia Central y América Latina de la ONU, Miroslav Jenca, notificó oficialmente la aprobación de la solicitud presentada por Honduras el 11 de junio.
La CICIH fue una de las promesas centrales de campaña de la presidenta Xiomara Castro y se presentó como el pilar de la política anticorrupción de su administración. Sin embargo, a menos de un año para concluir su mandato presidencial, el mecanismo sigue sin materializarse, generando cuestionamientos sobre la voluntad política real del gobierno para combatir la corrupción de alto impacto en Honduras.
