Tegucigalpa – En un acto que evidencia la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Honduras, el periodista Frank W. Mejía sufrió un brutal ataque por parte de quienes deberían protegerlo: agentes de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron durante un allanamiento irregular realizado en la madrugada de este domingo en la colonia Peña por Bajo de Tegucigalpa.
«Lo torturaron y le robaron sus pertenencias, lo ultrajaron y lo sometieron a tratos crueles e inhumanos», denunció visiblemente afectado Stuart Mejía, hijo de la víctima y abogado de profesión, quien acompañó a su padre al medio televisivo HCH donde expusieron públicamente el grave atropello.
El testimonio revela prácticas propias de regímenes autoritarios: los uniformados le colocaron trapos en el rostro al comunicador, lo sometieron a asfixia controlada y lo amenazaron repetidamente con quitarle la vida. «Los violadores es la misma Policía, que desde la misma institucionalidad se encargan de cometer violaciones de derechos humanos», sentenció Stuart Mejía.
La familia, en un valiente acto de denuncia pública, señaló directamente a la institución: «Queremos denunciar la violación sistemática de los derechos humanos que se promueve por parte de la Policía Nacional, cuando ellos deberían de ser garantes de la defensa de derechos de la ciudadanía».
Tras la denuncia mediática, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, se vio obligado a ordenar una investigación. «Hemos ordenado a @Didadpol y a Inspectoría General de la @PoliciaHonduras realizar las investigaciones y la deducción de responsabilidades del caso», escribió en la red social X, añadiendo la frase de rigor: «En esta administración somos respetuosos de la libertad de expresión».
El caso de Mejía no es un hecho aislado, sino parte del deterioro sistemático de garantías ciudadanas que ocurre bajo el amparo del estado de excepción que rige en Honduras desde diciembre de 2022. Esta medida «temporal» ha sido prorrogada ya en 18 ocasiones, la mayoría sin el debido aval legislativo del Congreso Nacional, configurando una situación de facto que vulnera principios constitucionales básicos.
La gravedad de la situación ha llamado la atención internacional. Esta misma semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su preocupación por el abuso de esta medida excepcional: «La Oficina ve con preocupación que después de casi 900 días, el estado de excepción se ha convertido en una nueva normalidad, perdiendo su carácter extraordinario».
El ataque contra Frank Mejía evidencia cómo el estado de excepción, lejos de combatir la delincuencia, se ha convertido en un escudo para la impunidad y un instrumento de intimidación contra voces críticas, particularmente contra periodistas y comunicadores sociales que ejercen su labor en un país considerado uno de los más peligrosos del hemisferio para el ejercicio periodístico.
La sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos exigen no solo una investigación transparente sobre este caso particular, sino el cese inmediato de la suspensión de garantías constitucionales que está sirviendo como paraguas para violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales en Honduras.
