Tegucigalpa – La designada presidencial y presidenta del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, lanzó duras críticas contra la reciente actuación del Congreso Nacional respecto al proyecto que supuestamente permitiría la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), calificando toda la maniobra como una «burla cínica» al pueblo hondureño.
Durante sus declaraciones públicas, Gutiérrez explicó que incluso si los 128 diputados hubieran votado a favor de la iniciativa presentada por el oficialismo, esta no tendría validez definitiva, ya que se trata de una reforma constitucional que requiere ratificación en la siguiente legislatura.
Esta aclaración técnica cobra especial relevancia considerando que Honduras se encuentra a pocos meses de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.
«Oigan bien: saben que en otra legislatura van a ser otros diputados. Ojalá sean otros, porque al paso que vamos, los mismos quieren seguir», expresó la también designada presidencial, quien tiene una trayectoria política de más de dos décadas en diferentes espacios del poder legislativo y ejecutivo.
Según Gutiérrez, lo ocurrido en el Legislativo constituyó una estrategia deliberadamente engañosa para aparentar voluntad política sin comprometerse realmente con la lucha contra la corrupción. «Fue una actitud de burla. Decir ‘esto votaron a favor, esto en contra’, cuando todo era una farsa, porque no se podía quedar en firme si no fuera ratificada por el próximo Congreso, y ese Congreso ya va a ser nuevo», puntualizó la dirigente política.
La crítica de Gutiérrez se produce en el contexto de un proceso que lleva más de tres años de estancamiento. El gobierno de Honduras acaba de renovar por quinta vez el memorando de entendimiento con la ONU, extendiendo el plazo para las negociaciones hasta diciembre de 2025, lo que evidencia las continuas dificultades para concretar la instalación del mecanismo anticorrupción.
En sus declaraciones más contundentes, la presidenta del PINU denunció que las instituciones del Estado hondureño se encuentran «cooptadas por los tres partidos mayoritarios», refiriéndose a Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. «¿Qué ha pasado con el Ministerio Público? ¿Qué ha pasado con el Tribunal Superior de Cuentas? Están cooptadas por los tres partidos», aseguró.
Gutiérrez amplió sus críticas señalando que los cargos públicos se reparten entre estas fuerzas políticas con el propósito de proteger a sus correligionarios. Según la designada presidencial, esta práctica se extiende a instancias como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia.
«Nos dicen que tienen secuestrado al PINU. ¡No señores! Quienes tienen secuestrado el Estado son los tres partidos. Entendamos eso», insistió, estableciendo una clara distinción entre las acusaciones que enfrenta su partido y lo que considera una problemática sistémica mucho más grave.
La dirigente del PINU también denunció un trato desigual en la fiscalización partidaria, asegurando que los partidos pequeños como el suyo son constantemente sometidos a escrutinio, mientras los grandes partidos «ni siquiera hacen la declaración jurada de bienes».
Esta denuncia cobra particular relevancia considerando que Gutiérrez ha enfrentado críticas por su papel en el actual gobierno, especialmente después de que el economista Nelson Ávila fuera oficializado como candidato presidencial del PINU en lugar de Guillermo Valle.
El contexto político actual se ve además complicado por las tensiones internas en el PINU. La diputada liberal Beatriz Valle había acusado previamente a Gutiérrez de influir para que el PINU no se aliara con el Partido Liberal de cara a las elecciones de 2025, calificándola como «la bailarina» que «dio al traste con la alianza de oposición».
Como propuesta de solución a la crisis institucional que describe, Gutiérrez planteó como prioridad nacional la recuperación de la institucionalidad. «Nosotros proponemos que las instituciones funcionen para respetar la ley. Solo así se puede reconstruir un verdadero Estado de derecho en Honduras», concluyó.
Las declaraciones de la designada presidencial se suman a las voces críticas que han señalado la falta de avances reales en la instalación de la CICIH. Expertos como la asesora legal del Centro de Estudios para la Democracia, Osiris Payes, han indicado que las continuas prórrogas del memorando «evidencian el estancamiento de un proceso que ha sido prolongado indefinidamente sin resultados concretos».
Con las elecciones generales aproximándose y un nuevo Congreso que tomará posesión en enero de 2026, el futuro de la CICIH permanece incierto, especialmente considerando las advertencias de Gutiérrez sobre la necesidad de ratificación legislativa para cualquier reforma constitucional relacionada con el mecanismo anticorrupción.
