Tegucigalpa – Las autoridades policiales capturaron este miércoles al hijo del alcalde de San Luis de Santa Bárbara y un subinspector de la Policía Nacional en posesión de armas de fuego de uso restringido en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, tras una persecución que inició cuando los sospechosos ignoraron las señales de alto en un retén policial.
Los cuatro detenidos fueron identificados como el subinspector José Antonio Zaldívar Perdomo (26 años), Ángel Javier Bu Fernández, Manuel Alejandro Rivera Pineda (24 años) y Francisco José Toro Pineda (26 años). En el grupo se encontraba Rivera Pineda, hijo del alcalde de San Luis, Ronmel Rivera, quien milita en el Partido Libertad y Refundación (Libre).
El operativo se desarrolló en la comunidad La Ceibita, donde los cuatro individuos se conducían en un vehículo que al pasar por un retén policial hizo caso omiso a las señales de parada de los agentes. Esta actitud despertó sospechas entre los uniformados, quienes iniciaron una persecución que concluyó minutos después con la interceptación del vehículo y la detención de sus ocupantes.
Durante la inspección del vehículo y las pertenencias de los detenidos, las autoridades encontraron fusiles AR-15 y pistolas cortas, armas de fuego que requieren permisos especiales para su portación y que los capturados no pudieron justificar legalmente. La posesión de este tipo de armamento sin la documentación correspondiente constituye un delito grave según la legislación hondureña.
La detención del subinspector Zaldívar Perdomo representa un caso particularmente delicado, ya que como miembro activo de la Policía Nacional debería conocer las regulaciones sobre portación de armas y los procedimientos legales requeridos. Su participación en este incidente plantea interrogantes sobre posibles vínculos entre elementos policiales y actividades irregulares.
El caso del hijo del alcalde Rivera agrega una dimensión política al incidente, especialmente considerando que su padre pertenece al partido oficialista Libre, que ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción en las últimas semanas. Esta nueva situación podría generar cuestionamientos adicionales sobre la conducta de familiares de funcionarios públicos del partido gobernante.
Las autoridades no han revelado detalles sobre los motivos por los cuales los detenidos portaban las armas ni el destino que planeaban darles. La investigación continúa en desarrollo para determinar si el grupo se dirigía a realizar alguna actividad específica o si las armas estaban destinadas a terceras personas.
Los cuatro individuos permanecen bajo custodia policial mientras se completan los procedimientos legales correspondientes y se determina si enfrentarán cargos adicionales relacionados con la portación ilegal de armas de fuego de uso restringido.
