Tegucigalpa – En un nuevo capítulo del caso que mantiene en vilo a miles de hondureños, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó este jueves a Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, pareja sentimental de Iván Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones, ampliando así el círculo de responsables del que las autoridades califican como un esquema Ponzi que operó impunemente durante seis años.
La detención de Gavarrete Sánchez, ejecutada mediante orden judicial por el delito de lavado de activos, revela un entramado financiero más complejo de lo inicialmente reportado. Según informaron autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), varias de las cuentas bancarias utilizadas por Koriun estaban registradas a nombre de la detenida, configurando un mecanismo que habría facilitado la captación y movimiento irregular de los fondos aportados por más de 35,000 inversionistas.
El caso adquiere mayor dimensión con la confirmación por parte de la defensa legal de Gavarrete de que la imputada controlaba al menos una cuenta con saldo de 5.8 millones de lempiras, revelación que plantea interrogantes sobre la disparidad en las cifras manejadas por las diferentes partes involucradas. Mientras el administrador detenido aseguraba la existencia de aproximadamente 2,000 millones de lempiras en cuentas bancarias, las autoridades han reportado apenas 69 millones disponibles para potenciales devoluciones.
La investigación parece estar expandiéndose rápidamente. Los abogados defensores también confirmaron la existencia de una tercera orden de captura, esta vez contra Marcos Adonis Villeda, identificado como empleado de Koriun, quien enfrentaría igualmente cargos por lavado de activos. Este movimiento sugiere que la Fiscalía está trazando un mapa cada vez más amplio de responsabilidades en la operación del esquema financiero.
La captura de Gavarrete se produce apenas 24 horas después de que su pareja, Iván Velásquez, compareciera en audiencia de imputados donde se le dictó detención judicial por los delitos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas tanto de uso prohibido como de uso permitido. Velásquez, quien permanecerá recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara hasta su próxima comparecencia judicial programada para el lunes, se ha convertido en el rostro visible de un escándalo financiero cuyos verdaderos alcances y ramificaciones apenas comienzan a revelarse.
La detención consecutiva de la pareja parece confirmar las sospechas de que Koriun Inversiones funcionaba como una estructura familiar o de círculo cercano, donde las relaciones personales facilitaban el manejo discrecional de los recursos captados. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la posible existencia de actores de mayor poder económico o político detrás del esquema, como han sugerido diversos analistas, entre ellos el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado.
«Koriun es una empresa de maletín creada por políticos, alimentada por políticos para lavar su dinero», había declarado recientemente Maldonado, cuestionando la lentitud inicial de las autoridades para intervenir una operación que funcionó durante años ofreciendo rendimientos extraordinarios del 5% semanal (equivalentes al 20% mensual) sin despertar acciones regulatorias.
El caso ha provocado una crisis social de considerables proporciones. Miles de inversores, muchos de ellos exempleados de maquilas que invirtieron sus ahorros o adquirieron préstamos para participar en el supuesto negocio, han protagonizado intensas protestas y bloqueos de carreteras en diversas regiones del país, exigiendo la devolución de sus fondos y amenazando con agudizar sus medidas de presión.
La situación se complica ante la confirmación por parte de la Fiscalía de que Koriun operaba de forma ilegal y que no existen registros contables confiables de sus accionistas o aportantes que garanticen un proceso ordenado de devolución para todos los afectados, generando un escenario de incertidumbre que profundiza la desesperación de quienes confiaron sus recursos a la empresa.
Mientras las investigaciones avanzan y el círculo de imputados se amplía, permanece la interrogante fundamental sobre cómo una operación financiera de tal magnitud pudo funcionar durante tanto tiempo sin que las autoridades reguladoras intervinieran oportunamente, y sobre qué factores permitieron que un esquema insostenible captara recursos de miles de hondureños a pesar de las evidentes señales de alarma que caracterizaban su modelo de negocio.
El caso Koriun continúa develándose como un espejo que refleja las profundas debilidades institucionales, regulatorias y de supervisión financiera que persisten en Honduras, mientras miles de familias enfrentan la angustiosa posibilidad de haber perdido sus ahorros y patrimonios en uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente del país.
