Tegucigalpa – La Policía Nacional implementó un operativo de seguridad preventivo en los alrededores de Casa Presidencial ante el anuncio de una movilización por parte de inversionistas afectados por el caso Koriun, quienes exigen la intervención directa del gobierno para la recuperación de sus inversiones.
El dispositivo policial incluye el reforzamiento del perímetro presidencial con vallas de seguridad y retenes preventivos, en una medida anticipatoria que busca evitar la escalada de violencia registrada en manifestaciones similares en el interior del país durante los últimos días.
Conflicto se extiende a nivel nacional
Las protestas relacionadas con el caso Koriun han trascendido la capital y se han extendido hacia las regiones occidental y sur del territorio nacional, generando un panorama de tensión que ha obligado a las autoridades a reforzar los protocolos de seguridad pública.
El episodio más grave se registró el martes en Choloma, donde se produjo un enfrentamiento directo entre manifestantes y fuerzas del orden público. Testigos presenciales reportaron el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía, lanzamiento de piedras por los protestantes y la presencia de disparos, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente si se registraron heridos o detenciones.
Demandas de intervención gubernamental
Los socios afectados por Koriun mantienen su exigencia de atención directa del Gobierno para sus demandas de restitución del dinero invertido en la empresa. Esta demanda ha escalado al punto de generar tensión significativa en la capital, forzando a las autoridades de seguridad a anticiparse ante cualquier posible brote de violencia.
El conflicto ha adquirido dimensiones que trascienden lo meramente económico, convirtiéndose en un desafío de orden público que pone a prueba la capacidad de respuesta gubernamental ante crisis de inversionistas.
Expectativa por diálogo oficial
Las autoridades gubernamentales se preparan para emitir una posición oficial sobre la posibilidad de establecer un diálogo formal entre una comisión representativa de los socios afectados y funcionarios del Poder Ejecutivo, según se espera en las próximas horas.
Mientras tanto, Casa Presidencial permanece bajo estricta vigilancia policial, con un despliegue que incluye múltiples patrullas y elementos de seguridad mantenidos en alerta máxima ante cualquier eventualidad.
Este caso evidencia las tensiones sociales derivadas de crisis empresariales que involucran inversiones ciudadanas, y plantea un nuevo desafío para la administración Castro en su manejo de conflictos que combinan demandas económicas con potencial desestabilización del orden público.
La situación se desarrolla en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en niveles críticos, según revelan recientes estudios de opinión pública, lo que podría amplificar el impacto político de la respuesta gubernamental a estas demandas.
