El Paraíso – La presidenta Xiomara Castro protagonizó este martes una confrontación pública sin precedentes con dos de sus ministros durante la entrega del bono cafetero en Danlí, El Paraíso, amenazando con exigir la renuncia del titular de Infraestructura, Octavio Pineda, si no cumple con el inicio de obras carreteras el 1 de julio, mientras presionó a la ministra de Agricultura, Laura Suazo, para que adopte un discurso más agresivo contra administraciones anteriores.
El momento más tenso se produjo cuando Castro confrontó telefónicamente y en alta voz al ministro Pineda, quien había sido invitado al evento pero no asistió, demandando fechas precisas para el inicio de la carretera Danlí-Trojes de 77 kilómetros con concreto hidráulico valorada en 1,450 millones de lempiras.
“Cuando yo me paro ante la gente no les puedo prometer y no cumplir, cuando doy mi palabra yo muero por ella”, declaró la mandataria ante los asistentes, evidenciando frustración por la falta de avances visibles en un proyecto licitado en diciembre pero que aún no muestra resultados tangibles para la población.
Castro intensificó la presión al exigir evidencia física del progreso: “Cuándo van a estar esas máquinas ya comenzando a trabajar con la terracería y que la gente pueda ver que ya está en funcionamiento. Tú me dices, están triturando, eso la gente no lo entiende, la gente lo que entiende es las máquinas en las carreteras, quiero fechas”, increpó públicamente al funcionario.
Pineda respondió comprometiéndose con una fecha específica: “tenemos máquinas trabajando, pero le puedo confirmar presidenta que será a partir del 1 de julio, las máquinas empiezan a hacer trabajos formales en el tramo carretero de Danlí-Trojes”, una promesa que Castro inmediatamente convirtió en ultimátum público.
“Escucharon lo que dijo. 1 de julio, yo no sé si Octavio me está viendo. Compañero Octavio sabe el aprecio que le tengo y el cariño que le tengo, y se lo voy a decir así de claro: si el primero de julio usted no me cumple presénteme su renuncia”, declaró la presidenta ante la audiencia, estableciendo consecuencias claras por incumplimiento.
La confrontación con la ministra Suazo adquirió características diferentes pero igualmente tensas cuando Castro intentó que la funcionaria expusiera “la calamidad en la que encontró esa secretaría del Estado”, buscando que atacara públicamente a gestiones anteriores de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Suazo, descrita como “visiblemente nerviosa”, inicialmente evitó adoptar un tono confrontativo contra sus predecesores, lo que provocó la intervención directa de Castro: “Hable compañera, Laura no es una persona confrontativa, para nada”, una observación que funcionó como crítica velada a la postura diplomática de la ministra.
Posteriormente, Castro proporcionó instrucciones específicas sobre el discurso que esperaba de Suazo: “Este sector de los campesinos no fue importante y eso hay que recalcarlo, y eso usted lo tiene que decir en todos los lugares donde se pare cada vez que le pongan un micrófono, usted tiene que decir, hemos rescatado la Secretaría de Agricultura y Ganadería en este gobierno”.
Las confrontaciones públicas ocurrieron en el mismo evento donde Castro reiteró su postura sobre el escándalo que involucra al ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la diputada Isis Cuéllar. “Advierto con toda claridad: seré implacable con los responsables si se comprueba la existencia de actos de corrupción”, declaró, manteniendo la presión sobre el caso que ha sacudido a su administración.
El comportamiento presidencial en Danlí representa un cambio hacia un estilo de gestión más confrontativo y públicamente exigente con su gabinete, contrastando con el manejo tradicionalmente discreto de las diferencias internas gubernamentales. Las amenazas de renuncia y las demandas de discursos más agresivos evidencian tensiones internas sobre el ritmo de cumplimiento de promesas electorales.
La estrategia de confrontación pública también refleja presión política sobre la administración Castro para mostrar resultados tangibles, especialmente en infraestructura rural donde las expectativas comunitarias chocan con los ritmos burocráticos de ejecución de proyectos de gran envergadura como la carretera de 1,450 millones de lempiras que conectará Danlí con Trojes.
