Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro ordenó este miércoles una respuesta institucional inmediata al escándalo que involucra al ministro de Sedesol José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar, demandando investigación urgente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y exigiendo que la Secretaría de Transparencia informe «en cadena nacional» sobre la asignación de recursos ejecutados por Sedesol, mientras advirtió que será «implacable» si se comprueban actos de corrupción.
La intervención presidencial marca el momento más crítico del escándalo que estalló tras la filtración de un audio donde Cuéllar detalla a Cardona la distribución de aproximadamente 2.8 millones de lempiras en fondos públicos para equipar 23 coordinaciones del Partido LIBRE con kits valorados en 125 mil lempiras cada uno, incluyendo equipos de sonido, sillas, mesas, carpas, banderas, tazas y material promocional.
Castro se desligó categóricamente del esquema revelado en la conversación telefónica filtrada. «He sido informada y doy testimonio de que ni el Partido Libre, ni la candidata presidencial, ni la Presidencia de la República hemos sido notificados, ni hemos conocido ni aprobado ninguna transacción de esa naturaleza en SEDESOL, mucho menos en otra institución del gobierno», declaró la mandataria.
La crisis se intensificó cuando la gobernadora de Copán, Elvia Valle, reveló que sus reclamos sobre listados irregulares de cheques provocaron la conversación entre Cuéllar y Cardona que posteriormente fue grabada y filtrada. Valle había cuestionado listados que incluían «muchos candidatos a alcaldes» y trabajadores institucionales, confirmando el uso político de los recursos.
El caso adquirió mayor complejidad cuando la candidata a alcaldía de Nueva Arcadia, Lilian Montúfar, denunció haber recibido presión del asistente de Cuéllar para firmar un cheque de 100 mil lempiras «que no se encontraba a su nombre», revelando la mecánica del esquema donde documentos se emitían a nombres de terceros para ser posteriormente cambiados por «gente de confianza».
Cardona intentó contraatacar exhibiendo durante conferencia de prensa una solicitud de Montúfar por 100 mil lempiras para «mejora de vivienda», buscando desacreditar su testimonio, pero inadvertidamente confirmó la existencia del sistema de cheques cuestionado y la participación de candidatos políticos en el mismo.
El director de ASJ, Nelson Castañeda, situó el escándalo dentro de un patrón histórico que conecta con casos como Pandora y Arca Abierta, advirtiendo que representa «el uso de fondos públicos disfrazados como ‘proyectos sociales’, que en realidad terminan financiando campañas políticas», una práctica que la extinta MACCIH había identificado como objetivo de desmantelamiento.
Castañeda señaló que el «pacto de impunidad» aprobado en el Congreso protege a diputados al exigir informes previos del TSC antes de investigaciones del Ministerio Público, un mecanismo que «actúa con lentitud y hay una mora enorme en la emisión de esos informes». También vinculó la resistencia a instalar CICIH con el temor a que «casos como este serían de los primeros en ser investigados por una misión internacional».
La presidenta Castro estableció un plazo de 72 horas para que la Secretaría de Transparencia informe «en cadena nacional» sobre «la asignación de recursos aprobada anualmente por el Congreso Nacional en la Ley de Presupuesto y ejecutada por SEDESOL
