Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) ha emitido un contundente pronunciamiento en el que rechaza categóricamente la propuesta gubernamental de utilizar recursos del Estado para compensar a los aportantes de Koriun Inversiones, calificando la iniciativa como «jurídicamente improcedente» y potencialmente dañina para la estabilidad financiera del país.
El gremio empresarial advierte que aprobar un mecanismo de compensación con fondos públicos sentaría «un precedente nocivo» que podría abrir las puertas a futuros esquemas fraudulentos, incentivando la creación de operaciones similares cuyos promotores podrían contar con que eventualmente el Estado asumirá las pérdidas. Esta situación, según la CCIC, afectaría sensiblemente las finanzas públicas nacionales.
La Cámara fundamenta su posición en varios argumentos legales y financieros. En primer lugar, destaca que Koriun Inversiones nunca operó como una institución financiera autorizada ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), recordando que la captación de recursos del público es una actividad exclusivamente reservada a entidades legalmente autorizadas para tal fin.
Un punto central en el análisis de la CCIC es la responsabilidad de los propios aportantes. Según argumenta la organización empresarial, las personas que confiaron sus recursos a Koriun «asumieron de manera voluntaria el riesgo al entregar su dinero a una empresa no regulada», especialmente considerando los rendimientos extraordinariamente altos (5% semanal) que ofrecía la empresa, cifras claramente superiores a las disponibles en el sistema financiero formal.
El pronunciamiento enfatiza un principio fundamental sobre el uso de los recursos estatales: «Los recursos del Estado deben ser destinados al bienestar común y no al rescate de inversiones riesgosas realizadas por particulares». Esta posición refleja la preocupación por el destino de fondos públicos que podrían utilizarse en áreas prioritarias como salud, educación o infraestructura.
Como alternativa al enfoque compensatorio, la CCIC exhorta a las autoridades a centrar sus esfuerzos en «identificar, investigar y sancionar a los verdaderos responsables del esquema fraudulento, incluyendo quienes diseñaron, promovieron o facilitaron su funcionamiento». Esta demanda coincide con análisis que sugieren la existencia de figuras poderosas detrás de la operación que podrían permanecer impunes mientras solo caen los testaferros visibles.
La postura de la Cámara se suma a otras voces críticas que han cuestionado la propuesta gubernamental, incluyendo economistas, analistas y organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuyo director de Seguridad, Nelson Castañeda, calificó recientemente la iniciativa como una potencial «malversación de caudales públicos».
El debate sobre esta controversia continúa intensificándose mientras el gobierno prepara el proyecto de ley que sería enviado al Congreso Nacional, donde los jefes de las principales bancadas han manifestado que esperarán conocer los detalles de la propuesta antes de definir su posición, aunque algunos legisladores ya han expresado reservas sobre su legalidad y pertinencia.
La crisis de Koriun Inversiones, que ha afectado a aproximadamente 35,000 hondureños, se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda nacional, con manifestaciones y bloqueos de carreteras que han generado importantes impactos económicos, mientras las autoridades judiciales avanzan en el procesamiento de los primeros detenidos relacionados con el esquema financiero colapsado.
