Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, exigió este domingo que las investigaciones por el escándalo de fondos sociales se extiendan tanto a la diputada Isis Cuéllar como al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reprochando al Ministerio Público su falta de acción ante las evidencias presentadas.
Castellanos enfatizó que «se debe investigar a todos los que estén involucrados en posibles actos de corrupción y en este caso del uso del fondo social del Congreso Nacional», especificando que la investigación debe incluir tanto a la vicepresidenta legislativa como al titular del Congreso por su responsabilidad institucional en el manejo de estos recursos.
La funcionaria del organismo anticorrupción expresó su frustración por la respuesta institucional al caso, declarando que «no es posible que denunciamos, que hagamos ese trabajo para el Ministerio Público y que el MP guarde silencio», evidenciando su molestia por la falta de acciones concretas de la fiscalía ante las denuncias presentadas.
Castellanos propuso que Isis Cuéllar, quien protagoniza el escándalo del «cheque video» que resultó en la salida de José Carlos Cardona del gobierno como titular de Sedesol, «debe ser separada del poder Legislativo mientras se realiza la investigación del caso», estableciendo un precedente de separación preventiva para funcionarios bajo investigación.
La directora del CNA enfatizó que «ya causa demasiado ruido el video, ya sabemos el contenido del video, cómo se trabaja con este fondo que el Congreso da a casi todos los diputados, que se investigue, que exista realmente la formalidad del MP que tiene la acción penal para poder investigar esos casos», demandando acciones concretas más allá de la simple difusión mediática del escándalo.
Al ser consultada específicamente sobre la responsabilidad del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, Castellanos respondió afirmativamente, señalando que «se debe revisar ese formato de ese fondo que se le entrega a los diputados del CN que al final solo sirve para hacer proselitismo y que no están fungiendo su rol como legisladores».
Esta declaración amplía significativamente el alcance de las investigaciones sugeridas, ya que cuestiona no solo casos específicos de mal uso sino el diseño mismo del sistema de fondos sociales manejados por el Congreso Nacional, sugiriendo que su estructura actual facilita el uso proselitista de recursos públicos.
La directora del CNA aprovechó la ocasión para revelar datos preocupantes sobre la efectividad del sistema de justicia en casos de corrupción. Castellanos recordó que su organización «ya presentó 170 líneas de investigación al Ministerio Público de las cuales, un 77% están en la total impunidad y que tienen que ver con actos de corrupción de esta administración y de administraciones anteriores».
Estas cifras evidencian un patrón sistemático de inacción por parte del Ministerio Público, donde más de tres cuartas partes de las denuncias formales presentadas por el principal organismo anticorrupción del país no han resultado en investigaciones efectivas o procesamientos judiciales.
La revelación de este nivel de impunidad añade contexto a las críticas de Castellanos sobre la respuesta institucional al escándalo actual, sugiriendo que el silencio del MP en el caso Sedesol es parte de un patrón más amplio de inefectividad en el combate a la corrupción.
Las declaraciones de la directora del CNA representan una escalada en las presiones sobre el sistema de justicia para actuar en el escándalo de fondos sociales, al tiempo que expanden el foco de las investigaciones sugeridas desde casos individuales hacia la revisión estructural del manejo de recursos públicos por parte del Congreso Nacional.
La propuesta de separar preventivamente a Isis Cuéllar del cargo mientras se realizan las investigaciones contrasta con la posición del gobierno, que hasta ahora ha permitido que la diputada permanezca en funciones pese a estar involucrada en el video comprometedor que costó el cargo al ministro Cardona.
Las exigencias de Castellanos colocan al Ministerio Público en una posición de mayor presión pública para demostrar que el sistema de justicia puede actuar de manera efectiva contra funcionarios de alto nivel involucrados en escándalos de corrupción, independientemente de su afiliación política o posición institucional.
