Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se sumó a las voces críticas que rechazan la controvertida decisión del gobierno de utilizar recursos públicos para compensar a los miles de aportantes afectados por el colapso de Koriun Inversiones, calificando la medida no solo como éticamente cuestionable sino como potencialmente delictiva.
«Pagar ‘estafas privadas’ con dinero público no es solo inmoral, también sería un delito», manifestó Castellanos a través de su cuenta en la red social X, donde también advirtió que «no se puede usar el dinero de todos para asumir con populismo un aparente desfalco; eso solo haría más grande la pirámide de corrupción gubernamental».
La contundente declaración de la directora del organismo anticorrupción se produce en respuesta al anuncio realizado por Marcio Sierra Discua, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), quien reveló que por instrucción directa de la presidenta Xiomara Castro, el gobierno está elaborando un proyecto de ley para brindar apoyo económico a las personas afectadas por el esquema financiero irregular operado por Koriun.
Esta iniciativa ha generado sorpresa y rechazo entre diversos sectores de la sociedad hondureña, incluyendo economistas, juristas, organizaciones empresariales y entidades de sociedad civil, que cuestionan tanto la legalidad como la pertinencia de utilizar fondos estatales para cubrir pérdidas derivadas de inversiones privadas en una entidad que operaba completamente al margen del sistema financiero regulado.
Koriun Inversiones ha sido identificada oficialmente como una empresa no regulada por la CNBS que operó durante aproximadamente siete años «ante la vista y paciencia de las autoridades», según reconocen los propios comunicados oficiales. El Ministerio Público ha calificado su operación como un esquema Ponzi, señalando que la compañía funcionaba ilegalmente y carecía de registros contables adecuados que permitieran identificar claramente a todos sus accionistas y aportantes.
La crisis desatada por el colapso de Koriun ha provocado intensas protestas de los afectados, muchos de ellos exempleados de maquilas que invirtieron sus ahorros o adquirieron préstamos atraídos por los extraordinarios rendimientos prometidos (20% mensual). Estos manifestantes han bloqueado importantes vías de comunicación y amenazan con intensificar sus medidas de presión si no reciben una respuesta favorable a sus demandas.
El señalamiento de Castellanos sobre una potencial «pirámide de corrupción gubernamental» añade una nueva dimensión al debate, sugiriendo que la propuesta podría tener motivaciones que trascienden la simple respuesta a una problemática social, posiblemente vinculadas al próximo ciclo electoral.
La postura del CNA se suma a un creciente consenso entre voces especializadas que califican la iniciativa como «jurídicamente improcedente», un «abuso» de los recursos públicos, o incluso una potencial «malversación de caudales públicos», como ha señalado la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El caso continúa generando intenso debate mientras el gobierno prepara el proyecto de ley que sería enviado al Congreso Nacional, donde los jefes de las principales bancadas han manifestado que analizarán cuidadosamente la propuesta antes de definir su posición, en un contexto donde la asignación de recursos públicos adquiere particular sensibilidad ante múltiples necesidades nacionales no atendidas en áreas como salud, educación e infraestructura.
