TEGUCIGALPA – El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de cadena nacional de radio y televisión, realizó el llamamiento oficial a elecciones generales para el próximo 30 de noviembre de 2025, donde se elegirá al presidente para el periodo 2026-2030, así como 256 diputados propietarios y suplentes, y 298 corporaciones municipales.
Los tres consejeros del CNE, Cossette López, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall, participaron conjuntamente en este histórico llamado a elecciones generales que marca formalmente el inicio del proceso electoral más importante del país.
Para los comicios generales están empadronados más de seis millones de ciudadanos hondureños, quienes participarán en una gesta electoral donde se elegirán un presidente de la República junto con sus tres designados presidenciales, 20 diputados al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes, 128 diputados al Congreso Nacional con sus respectivos suplentes, y 298 alcaldes junto con 2,168 regidores para las corporaciones municipales.
Esta convocatoria representa una de las elecciones más complejas en la historia democrática hondureña por la cantidad de cargos a elegir y la magnitud del despliegue logístico requerido para garantizar la participación ciudadana en todo el territorio nacional.
El pleno del CNE comunicó que remitió al Congreso Nacional el presupuesto electoral por un monto de 1,737.5 millones de lempiras para garantizar la realización de la fiesta cívica de noviembre, inversión que incluye un despliegue nacional de los personeros del órgano electoral para capacitar a miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) y custodios informáticos electorales.
Asimismo, contempla la organización de 18 comisiones departamentales y 298 comisiones municipales, la adquisición de antenas satelitales para garantizar conectividad en la totalidad de centros de votación, así como la implementación de las tecnologías reconocidas en ley para la transparencia del proceso electoral como son la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el sistema de identificación biométrica.
El CNE informó que se ha avanzado satisfactoriamente con el cronograma electoral, el cual se ha ido cumpliendo de manera puntual según los plazos establecidos. «Con la finalidad de cumplir con la competencia, publicidad y transparencia de los procesos de contratación incluimos por primera vez dentro del cronograma las fechas de publicación y adjudicación de los siete principales procesos de contratación», explicó la consejera Hall, destacando el esfuerzo por transparentar los procesos de adquisición de bienes y servicios electorales.
El órgano electoral también extendió invitaciones para el despliegue de observación electoral internacional a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y el Centro Carter, mientras que próximamente se realizarán invitaciones similares a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación de Magistradas de las Américas (Amea), al tiempo que hizo un llamado a las organizaciones civiles para que presenten sus solicitudes de participación como observadores nacionales.
Los comicios, programados para dentro de seis meses, marcarán el desenlace de un año políticamente convulso, caracterizado por una fuerte confrontación entre los principales actores políticos que se intensificó desde principios de este año, previo a las elecciones primarias e internas celebradas el pasado 9 de marzo.
Con este telón de fondo de polarización política, los candidatos de todos los partidos enfrentan el enorme desafío de reconectar con un electorado escéptico y polarizado, especialmente con el voto independiente que podría inclinar la balanza en una contienda que promete ser altamente reñida.
La campaña electoral aún no ha iniciado formalmente, pero el hartazgo ciudadano documentado en recientes estudios de opinión exige de los aspirantes nuevas narrativas políticas, propuestas viables y, sobre todo, voluntad política real para sacar al país de su estancamiento institucional y económico, convirtiendo estas elecciones en una prueba crucial para la credibilidad del sistema democrático hondureño en un momento de profundas crisis institucionales y sociales que demandan respuestas efectivas de parte de quienes aspiran a liderar el país durante el próximo período gubernamental.
