Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) reafirmó este lunes su autoridad exclusiva para acreditar observadores internacionales en las elecciones de noviembre, respondiendo a cuestionamientos de la candidata presidencial Rixi Moncada, quien desafió la credibilidad de misiones internacionales al acusarlas de haber avalado «elecciones fraudulentas» en procesos electorales anteriores donde identificaron irregularidades graves.
Moncada lanzó una crítica frontal contra organismos internacionales de observación electoral, demandando «memoria» sobre su actuación en comicios previos. «En 2013 vinieron organismos internacionales a reconocer unas elecciones que fueron a todas luces fraudulentas en 3 mil actas», declaró la candidata oficialista, estableciendo un precedente de desconfianza hacia la supervisión externa.
La aspirante presidencial intensificó sus cuestionamientos al abordar las elecciones de 2017, donde organismos como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) documentaron fallas técnicas significativas. «Vinieron en 2017 representantes de la Unión Europea y de la OEA y dijeron que efectivamente el sistema de transmisión de resultados se cayó, y las elecciones tienen un altísimo porcentaje de ser fraudulentas, pero al final terminaron reconociendo esos comicios», señaló Moncada.
La crítica de la candidata oficialista adquiere particular relevancia al vincular el reconocimiento internacional de elecciones cuestionadas con consecuencias humanas graves. Moncada recordó que las elecciones de 2017 estuvieron «marcadas por una reelección ilegal sin importar que 22 jóvenes fueron asesinados por protestar», estableciendo una conexión directa entre legitimación internacional y represión estatal.
Ante estos cuestionamientos, el codirector electoral Eduardo Fuentes respondió categóricamente que «no le corresponde a ningún candidato acreditar o no a los observadores internacionales en el proceso electoral», reafirmando la autonomía institucional del CNE frente a presiones políticas de los contendientes electorales.
Fuentes enfatizó que «es el CNE, en el uso de su autonomía, el autorizado en acreditar a los observadores internacionales y nacionales», estableciendo una línea clara de separación entre las competencias técnicas del organismo electoral y las preferencias de los candidatos sobre supervisión externa.
El funcionario electoral indicó que «pronto el CNE dará a conocer los requisitos que deberán cumplir los observadores internacionales», sugiriendo que el proceso de acreditación procederá independientemente de las objeciones expresadas por la candidata oficialista.
Fuentes reveló que «hasta el momento no se han recibido las solicitudes de observadores, pero si hay algunos organismos interesados en participar en el proceso», evidenciando que el interés internacional en supervisar los comicios hondureños se mantiene pese a los cuestionamientos de Moncada.
La Unión Europea confirmó su interés en participar en la observación electoral a través de Mickael Roudat, encargado de negocios de la UE en Honduras, quien reveló que «una misión ya estuvo en el país hace un par de semanas y solo falta tomar la decisión del envío de la misma para observar el proceso».
La confirmación europea evidencia que, pese a las críticas de la candidata oficialista sobre actuaciones previas, los organismos internacionales mantienen su intención de supervisar los comicios de noviembre, estableciendo un escenario de tensión entre el gobierno y entidades que tradicionalmente han brindado legitimidad internacional a procesos electorales hondureños.
Los cuestionamientos de Moncada reflejan una estrategia preventiva que busca deslegitimar posibles observaciones críticas futuras, utilizando antecedentes históricos para erosionar la credibilidad de misiones internacionales antes de que emitan sus conclusiones sobre los comicios donde ella participa como candidata del partido oficialista.
La polémica sitúa al CNE en una posición delicada entre mantener su autonomía técnica y gestionar presiones políticas de una candidata que representa al partido de gobierno, mientras organismos internacionales evalúan su participación en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada públicamente por uno de los principales contendientes.
