Tegucigalpa – El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, se pronunció sobre el informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) referente al tema de la extorsión y criminalidad, calificando al estado de excepción como una idea fallida y exigiendo al gobierno emplear una estrategia diferente para reducir esta problemática que afecta gravemente al sector empresarial y a la población en general.
Herrera expresó que es «sumamente preocupante» que los casos de extorsión que son judicializados o que resultan en condenas sean muy bajos, presentando un alarmante 91 por ciento de impunidad a nivel nacional. Esta cifra evidencia la debilidad del sistema de justicia para procesar efectivamente los delitos relacionados con extorsión y criminalidad organizada.
El representante del sector privado reveló datos impactantes sobre la magnitud del problema, señalando que uno de cada 10 hondureños sufre de extorsión, dejando como resultado un total de 384 mil familias que están expuestas a este flagelo que afecta tanto la economía doméstica como la actividad empresarial del país.
Herrera manifestó que esta situación solamente genera dudas sobre la efectividad de las políticas de seguridad, ya que las autoridades no han atacado el problema desde su raíz y la problemática continúa creciendo aceleradamente en el país, afectando la confianza empresarial y la inversión nacional y extranjera.
Estas declaraciones del Cohep coinciden con el informe presentado por ASJ, que documenta cómo a dos años y medio de la instauración del estado de excepción que cubre el 75 por ciento del territorio nacional, los hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión, mientras persisten altas tasas de homicidios y se registran quejas contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
Desde diciembre de 2022, el gobierno hondureño ha aplicado un estado de excepción en 21 ocasiones, mediante declaratorias que no han cumplido con lo establecido en la Constitución de la República para su aplicación.
En algunos casos, la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional se ha realizado hasta con 30 días de retraso y en otros, la declaratoria no fue ratificada. Actualmente, la medida se aplica a 223 de los 298 municipios de Honduras, significando que el 91 por ciento de la población hondureña está sujeta a restricción de derechos en el marco del estado de excepción.
El estudio de ASJ revela datos contundentes que contradicen la efectividad de la medida: aunque el estado de excepción fue presentada como la principal estrategia del gobierno para enfrentar la violencia, su implementación ha sido ilegal y carente de planificación técnica.
Más preocupante aún, los resultados no justifican su continuidad, ya que el porcentaje de victimización por extorsión aumentó de 9 por ciento en 2022, afectando a 266,262 hogares, a 11.6 por ciento en 2024, impactando a 304,388 hogares, lo que demuestra un incremento sostenido del delito pese a las restricciones constitucionales implementadas.
