Tegucigalpa, Honduras – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, planteó este sábado serias dudas sobre la legalidad del allanamiento realizado en una residencia del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, al señalar que la operación se ejecutó sin presentar una orden física a los ocupantes de la vivienda.
Solórzano fundamentó sus cuestionamientos en el artículo 99 de la Constitución hondureña, que establece la inviolabilidad del domicilio, permitiendo allanamientos únicamente bajo circunstancias específicas como flagrancia, presencia confirmada del investigado en la vivienda o riesgo de pérdida de evidencia.
«Es un tema que quien lo debe demostrar ante los juzgados de justicia una vez se desarrolle el proceso judicial es el Ministerio Público», explicó el jurista, quien calificó el caso como de naturaleza política.
El dirigente gremial advirtió sobre las «molestias» que genera todo lo relacionado con el caso del general, sugiriendo que los aspectos legales podrían verse influenciados por consideraciones de otra índole.
MP presenta requerimiento fiscal
El Ministerio Público presentó el viernes un requerimiento fiscal contra Vásquez Velásquez por lavado de activos, respaldado supuestamente por material videográfico que mostraría al militar recibiendo «fardos» de dinero de un narcotraficante actualmente encarcelado en Estados Unidos por crimen organizado.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado el video mencionado, manteniendo en reserva la evidencia que sustentaría las acusaciones contra el excomandante de las Fuerzas Armadas.
Comparaciones con otros casos
La situación ha reavivado las comparaciones con otro caso mediático que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, de quien existe material videográfico público donde aparece negociando millonarios fondos con reconocidos narcotraficantes, recursos que presuntamente serían destinados a financiar la campaña del partido Libre en 2013.
Sin embargo, las acciones del Ministerio Público en relación con este caso han sido descritas como «escasas o nulas», generando cuestionamientos sobre los criterios de selección y priorización de casos por parte de la institución investigativa.
El presidente del CAH enfatizó que la determinación final sobre la legalidad del procedimiento corresponde a las instancias judiciales competentes, donde el Ministerio Público deberá demostrar que se cumplieron todos los requisitos constitucionales para la realización del allanamiento.
La controversia pone en evidencia las tensiones entre el marco legal establecido y la aplicación práctica de los procedimientos investigativos en casos de alta sensibilidad política.
