Tegucigalpa – La tensión entre el gobierno hondureño y el gremio periodístico se intensificó este miércoles cuando el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció una nueva escalada en la persecución judicial contra comunicadores críticos. La controversia se centra en las acciones legales emprendidas por el ministro de Finanzas Christian Duarte contra Dagoberto Rodríguez, director de la emisora Radio Cadena Voces, quien enfrenta un proceso judicial que ha tomado un nuevo rumbo tras la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto legal se originó el 20 de marzo cuando el ministro Duarte interpuso una querella contra Rodríguez por los presuntos delitos de injurias y calumnias. Según la versión gubernamental, el periodista habría incurrido en «la ejecución sistemática de información falsa e inexacta con graves consecuencias en la dignidad, respeto y honorabilidad» del funcionario. Las acusaciones específicas incluían señalamientos públicos contra el tesorero general y su personal por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude, según el gobierno, «sin ningún tipo de prueba, sustento y documentos».
Sin embargo, el proceso judicial dio un giro favorable para el comunicador cuando el Tribunal de Sentencia declaró inadmisible la solicitud de querella presentada por el ministro Duarte. La decisión judicial determinó que los hechos denunciados «no son constitutivos de delito», lo que representaba un triunfo inicial para la defensa de la libertad de prensa en el país.
La respuesta del ministro de Finanzas no se hizo esperar, y procedió a presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, buscando revertir la decisión del tribunal inferior. Esta nueva acción legal llevó la controversia a una instancia superior, donde ahora la Sala de lo Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso presentado por el funcionario gubernamental.
La reacción del Colegio de Periodistas fue contundente al calificar esta nueva maniobra legal como un «abuso de los recursos legales» por parte del ministro Duarte. La organización gremial expresó que «Duarte no busca justicia, busca venganza y silenciar la verdad», advirtiendo que «lo que está en juego aquí no es solo la libertad de un periodista, sino el derecho del pueblo hondureño a estar informado».
El CPH fue más allá en sus críticas al caracterizar estas acciones como una manifestación de autoritarismo gubernamental. «La persecución penal contra quienes ejercen el periodismo crítico es una señal alarmante de autoritarismo y abuso de poder de este funcionario público y del gobierno que él representa», aseveró la organización, calificando el proceso como «una persecución política disfrazada de proceso judicial».
Esta controversia se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre el gobierno hondureño y los medios de comunicación críticos. El caso de Dagoberto Rodríguez se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de prensa en el país, donde organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el uso del sistema judicial para intimidar a periodistas.
El Colegio de Periodistas concluyó su pronunciamiento exigiendo «el cese inmediato de persecución judicial a los periodistas y haya un respeto pleno a la libertad de prensa», estableciendo así una línea clara de confrontación con las políticas gubernamentales que consideran restrictivas para el ejercicio del periodismo independiente en Honduras.
