Tegucigalpa – La controversia legal en torno a las brigadas médicas cubanas en Honduras se intensifica con la confirmación de que el Colegio Médico de Honduras (CMH) mantiene una denuncia formal ante el Ministerio Público contra estos profesionales extranjeros por presunto incumplimiento de la normativa nacional. Esta posición del gremio médico hondureño coincide temporalmente con las sanciones de visa anunciadas por Estados Unidos contra funcionarios gubernamentales involucrados en la contratación de este personal sanitario.
El presidente del CMH, Samuel Santos, ratificó la posición institucional de oposición a las brigadas médicas cubanas, fundamentando su crítica en el incumplimiento sistemático de los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la medicina en territorio hondureño. «No deben durar más de tres meses y tiene que venir a acreditarse al Colegio Médico para certificar que son lo que dicen ser», explicó Santos, detallando las normas que considera han sido violentadas por los sucesivos gobiernos en el manejo de estos acuerdos médicos.
La denuncia presentada por el Colegio Médico se centra específicamente en las irregularidades procedimentales que rodean la llegada y permanencia de los médicos cubanos en el país. Santos enfatizó que esta situación «ha sido muy mal manejado por los gobiernos», sugiriendo una responsabilidad institucional que trasciende administraciones específicas y que involucra un patrón de incumplimiento normativo sostenido en el tiempo.
Esta controversia legal doméstica adquiere una dimensión internacional con las revelaciones del viceministro de asuntos migratorios, Antonio García, quien confirmó que funcionarios de la Secretaría de Salud (Sesal) y Planificación Estratégica enfrentan sanciones estadounidenses por su participación en la contratación de las brigadas médicas cubanas. La convergencia entre la denuncia del Colegio Médico y las sanciones internacionales evidencia la complejidad legal y política que rodea este tema.
García detalló que durante una reunión con la Cónsul General de Estados Unidos se confirmó oficialmente la existencia de «un anuncio y unas sanciones para algunos funcionarios de Centroamérica», incluyendo específicamente a ciudadanos hondureños. Esta confirmación diplomática valida las especulaciones que habían circulado sobre posibles medidas punitivas estadounidenses contra funcionarios involucrados en acuerdos de cooperación médica con Cuba.
La justificación estadounidense para estas sanciones se basa en alegaciones de explotación laboral, argumentando que los médicos cubanos constituyen «una mano de obra explotada por el gobierno de Cuba», según relató García. Esta perspectiva estadounidense caracteriza los programas médicos cubanos como una forma de «esclavitud» moderna, donde el gobierno de La Habana «les pagan poco y que ellos captan fondos de los países directamente como gobierno».
La situación legal se complica por la confidencialidad mantenida por las autoridades estadounidenses respecto a la identidad específica de los funcionarios sancionados. García señaló que «como Gobierno no van a saber a quienes les van a suspender las Visas, ya que la embajada ha mantenido eso muy privado», generando incertidumbre sobre el alcance real de las medidas punitivas.
Esta convergencia entre la denuncia penal del Colegio Médico y las sanciones internacionales coloca al gobierno hondureño en una posición particularmente delicada, enfrentando presiones tanto domésticas como externas por el manejo de los acuerdos médicos con Cuba. La persistencia del CMH en mantener su denuncia ante el Ministerio Público sugiere que el tema continuará siendo objeto de escrutinio legal, mientras las sanciones estadounidenses añaden una dimensión geopolítica que complica aún más la sostenibilidad de estos programas de cooperación médica.
