Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh) lanzó este sábado severas advertencias sobre las dimensiones que podría alcanzar el escándalo de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), equiparándolo con los megafraudes que han marcado la historia reciente del país.
Hugo Ramón Maldonado calificó el caso de los «cheque videos» como un recordatorio de otros escándalos de gran magnitud que han sacudido a Honduras, estableciendo paralelismos directos con el megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), los hospitales móviles y el caso Pandora.
El dirigente de derechos humanos analizó que desde el momento en que la presidenta Xiomara Castro se desmarcó del escándalo de Sedesol, «las cartas ya estaban tiradas», interpretando la decisión presidencial de ordenar la intervención del Tribunal de Cuentas y la Secretaría de Transparencia como una señal clara de que el gobierno ya había tomado posición sobre el caso.
Maldonado dirigió críticas contundentes al sistema de justicia hondureño, exigiendo al Ministerio Público que «despierte de una vez por todas». Sus cuestionamientos se centraron en la aparente lentitud de la institución: «Qué ha pasado, por qué no investigan, ya estuvieran los requerimientos fiscales en contra del señor Cardona y la diputada Cuéllar».
Las interrogantes del defensor de derechos humanos se extendieron hacia el alcance real del escándalo, cuestionando cuántos diputados del Congreso Nacional tuvieron acceso a los millones de lempiras en cuestión. En este contexto, Maldonado conectó la situación actual con la ausencia de mecanismos internacionales de investigación en el país.
«Aquí encontramos el sentido del que nunca se instalara la CICIH a nivel del país, aquí está, esa es la tumba porque los termitas hijos de la corrupción siguen haciendo de la cosa pública lo que habían venido haciendo los otros gobiernos anteriores», expuso el líder del Codeh, refiriéndose a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.
El presidente del Codeh insistió en ampliar el foco de las investigaciones más allá del caso conocido. «Quién hará una auditoría en Sedesol, esto es apenas el caso de una diputada de Copán, y los del norte del país, los congresistas que son hijos bonitos del gobierno», cuestionó, sugiriendo que el escándalo podría tener ramificaciones mucho más extensas.
Maldonado reflexionó sobre el posible drenaje de recursos hacia campañas políticas, afirmando: «Creo que Sedesol es el nuevo caso del Seguro Social, de los hospitales móviles, de la bendita corrupción, y así como desaparecieron Sedis se creó un nuevo cado de la caja de pandora como lo dijo el fiscal Luis Javier Santos».
El defensor de derechos humanos enfatizó que la corrupción en Honduras trasciende las fronteras partidarias, señalando que es «propia de todos los partidos políticos que han ostentado el poder». Esta perspectiva posiciona el escándalo actual como parte de un patrón sistémico más amplio que ha caracterizado la política hondureña.
En una declaración que combina crítica social con ironía, Maldonado concluyó sus señalamientos expresando que «hay que investigar a toda esa cartera en Sedesol y ver cuántos achichincles más salen embarrados y ojalá que esos módulos nuevos que está construyendo el general Ramiro Muñoz en los centros penitenciarios sea para albergar a todos los corruptos que están ahí en el Congreso Nacional de la República».
Las declaraciones de Maldonado reflejan el creciente escepticismo de sectores civiles organizados sobre la capacidad del actual gobierno de romper con los patrones de corrupción que han caracterizado administraciones anteriores. Sus palabras también evidencian la presión social para que las investigaciones sobre el caso Sedesol se extiendan más allá de los funcionarios ya identificados y abarquen la totalidad del sistema de manejo de fondos públicos destinados a programas sociales.
La perspectiva del Codeh aporta una dimensión crítica al debate público sobre el escándalo, posicionando el caso no como un evento aislado sino como la manifestación de deficiencias estructurales en el sistema de control y transparencia del Estado hondureño.
