Tegucigalpa – El titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Lorenzo Sauceda, informó que se extendió hasta después de las elecciones generales el plazo establecido para el registro biométrico de los usuarios de telefonía móvil en Honduras. El funcionario compareció este miércoles ante la comisión de Seguridad del Congreso Nacional para explicar detalladamente los alcances del proyecto de registro biométrico que, según precisó, data desde diciembre de 2022 y no constituye una iniciativa propia del año electoral.
Según informó Sauceda, todos los representantes de la comisión legislativa «quedaron totalmente satisfechos» con las explicaciones proporcionadas, especialmente en el sentido de que el proyecto conlleva el propósito de cumplir lo establecido en la Constitución de la República, donde se establece que el fin supremo del Estado es el ser humano. «Este proyecto tiene como finalidad combatir estrictamente a los delincuentes que han estado haciendo uso de los chips para cometer horrendos crímenes a través de sicariato, amenazas y extorsiones. Podemos decir con claridad que esto se está cumpliendo porque es deber del gobierno dar seguridad a la población hondureña», expresó el funcionario durante su comparecencia.
El titular de Conatel mencionó que a partir de la fecha, cuando un ciudadano desee adquirir un chip telefónico tendrá forzosamente que cumplir con la validación biométrica correspondiente, como parte del proceso de control y seguimiento de las líneas telefónicas. Sin embargo, Sauceda fue enfático en aclarar las preocupaciones sobre el manejo de datos personales: «La única base de datos de la República la tiene el Registro Nacional de las Personas, nadie mucho menos Conatel está levantando ningún tipo de base de datos de ciudadanos con bases dactilares o huellas de los hondureños», puntualizó categóricamente.
Por su parte, el diputado Carlos Umaña expresó estar complacido con la comparecencia del titular de Conatel, señalando que muchas de las dudas que existían sobre el proyecto ya fueron aclaradas tras la reunión sostenida este miércoles. La extensión del plazo hasta después de las elecciones generales busca evitar cualquier interpretación política del proceso de registro biométrico, mientras se mantiene el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana mediante el control de las comunicaciones utilizadas para actividades delictivas. Esta medida se enmarca dentro de los esfuerzos gubernamentales por combatir la delincuencia organizada, particularmente en lo relacionado con extorsiones y amenazas que utilizan dispositivos móviles como herramienta principal para sus operaciones criminales.
