Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó la noche de este martes el presupuesto electoral por un monto de 1,737.5 millones de lempiras para garantizar las elecciones generales del 30 de noviembre, logrando una votación de 105 diputados con el apoyo de las bancadas de Libre, Nacional y PSH, mientras los congresistas liberales se ausentaron completamente del hemiciclo en protesta por los procedimientos empleados.
La sesión se desarrolló en medio de intensas controversias sobre la legalidad de los procesos parlamentarios, con la oposición denunciando que se han cometido nuevas irregularidades al incluir el presupuesto electoral en la misma acta que contiene los controvertidos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), previamente publicados de manera cuestionada en La Gaceta.
La lectura del presupuesto electoral comenzó sin la presencia de las bancadas de oposición, que aguardaban en la antesala del palacio legislativo exigiendo la aprobación del acta de la sesión abierta desde el 7 de mayo, evidenciando la persistencia de las disputas procedimentales que han paralizado el trabajo legislativo durante semanas.
Cuando al proyecto se le dispensaron dos debates a solicitud del diputado Rasel Tomé, las bancadas opositoras, con excepción del Partido Liberal, decidieron ingresar para ocupar sus curules y participar en la votación, reconociendo implícitamente la urgencia de aprobar el financiamiento electoral pese a sus objeciones sobre los procedimientos empleados por la junta directiva.
Además del presupuesto electoral principal, se aprobó un presupuesto especial para las Fuerzas Armadas por 85 millones 439 mil 305 lempiras que les será transferido a través del CNE durante el ejercicio fiscal 2025, así como las transferencias para partidos políticos conocidas como «deuda política» por 277 millones 207 mil 394.11 lempiras.
El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, expresó que Libre intentó «tenderles una trampa» pero que no estaban dispuestos a caer en la estrategia de Luis Redondo, cuestionando que el oficialismo no comprendiera que no debía incluir el presupuesto electoral en la misma acta que contiene los préstamos del CAF, considerando que esto constituye otra ilegalidad adicional.
El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, denunció que la sesión comenzó de manera ilegal con suplentes instalados en las butacas de los congresistas opositores ausentes. «No pueden ocupar nuestros curules con diputados suplentes de Libre, eso es ilegal», señaló Zambrano, acusando a la junta directiva actual de hacer costumbre el no seguir los procedimientos parlamentarios establecidos.
El legislador nacionalista criticó que «no es la interpretación que le da a la ley una comisión de asuntos constitucionales la que debe prevalecer», argumentando que es el pleno con sus dos terceras partes quien debe autorizar las interpretaciones constitucionales, mientras envió un mensaje directo a los directivos del CAF: «No avalen más ilegalidades de este gobierno, esperen seis meses más para rectificar los abusos cometidos por la actual junta directiva del Congreso».
El presidente del Congreso, Luis Redondo, justificó los procedimientos empleados explicando que la ley ordena que cuando un diputado propietario no se encuentra, su lugar puede ser ocupado por el suplente, y cuando este tampoco está presente, se puede incorporar a uno de otra bancada que sí se encuentre en el hemiciclo.
Redondo rechazó categóricamente que la aprobación del acta de una sesión sea requisito para publicar una ley, citando que en congresos anteriores existen registros de 47 a 49 actas no aprobadas cuyos decretos fueron igualmente publicados en La Gaceta.
El presidente legislativo declaró que la costumbre de aprobar actas durante aproximadamente 40 años constituye «una mala práctica que no condiciona el envío de una ley al diario oficial», sentenciando que a partir de esta fecha, independientemente del resultado de la votación de actas en el pleno, esto no repercutirá en su publicación oficial, mientras se jactó de hacer uso únicamente de la Ley Orgánica del Congreso Nacional aprobada por los partidos Liberal y Nacional.
