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Congreso Nacional concede permiso a Isis Cuéllar para aclarar situación legal tras escándalo del «cheque video»

La diputada Isis Cuéllar fue enviada con permiso del Congreso Nacional para solventar su implicación en el caso del "cheque video", según confirmó el presidente Luis Redondo. La decisión se produce tras el escándalo que evidenció el presunto uso de fondos públicos para campaña de Libre, lo que ya provocó la renuncia del ministro José Carlos Cardona. Redondo ordenó auditoría al TSC de todos los proyectos sociales ejecutados con fondos del artículo 349 y advirtió que cualquier diputado señalado deberá retirarse sin consideración.

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Tegucigalpa, Honduras. La diputada Isis Cuéllar fue oficialmente enviada con permiso del Congreso Nacional para ausentarse y poder solventar su implicación ante los entes de investigación en el controvertido caso del «cheque video», según confirmó el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, durante una conferencia de prensa que buscó dar respuestas ante el creciente escándalo de corrupción.

La decisión de Redondo se produce en medio de una crisis política desatada por la filtración de un video que evidenció el presunto uso de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social para actividades de campaña del Partido Libertad y Refundación en el departamento de Copán, escándalo que ya provocó la renuncia del ministro José Carlos Cardona el viernes pasado.

«Le he concedido permiso a la congresista Isis Cuéllar para que pueda aclarar su situación ante los entes fiscalizadores e investigadores del Estado», sostuvo Redondo en su comparecencia, intentando proyectar una imagen de transparencia y colaboración con los procesos de investigación en curso.

La medida deja abiertos varios interrogantes críticos, ya que no quedó claro si la legisladora Cuéllar continuará gozando de su salario durante el permiso, así como de las demás prebendas a las que tienen acceso los diputados y directivos del Poder Legislativo, beneficios que podrían representar recursos públicos considerables.

También permanece en el aire la condición electoral de Cuéllar como aspirante a renovar su banca legislativa, considerando que ganó las primarias internas de Libre para competir por regresar al Congreso Nacional en las elecciones generales del 30 de noviembre próximo, lo que plantea interrogantes sobre la compatibilidad entre su situación legal y su candidatura.

El escándalo del «cheque video» involucra directamente a Cardona y a Cuéllar, quienes protagonizaron una conversación comprometedora donde discutían abiertamente sobre millonarios fondos destinados presuntamente para actividades políticas del partido oficialista en el occidental departamento de Copán, violando potencialmente múltiples normas sobre el uso de recursos públicos.

En un intento por controlar los daños del escándalo, Redondo aprovechó su comparecencia para girar instrucciones al Tribunal Superior de Cuentas, ordenando que realice inmediatamente una auditoría exhaustiva de todos los proyectos de ayuda social ejecutados por las diferentes instituciones del Estado a través de la asignación presupuestaria establecida en el artículo 349 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

La auditoría ordenada por Redondo deberá entregar un informe detallado en un período de 60 días sobre todas las asignaciones presupuestarias, estableciendo un plazo específico que busca demostrar seriedad en la investigación pero que también podría servir para ganar tiempo político en medio de la crisis.

El presidente del Congreso advirtió categóricamente que cualquier irregularidad detectada por las auditorías deberá ser investigada y enjuiciada por las autoridades competentes, y que cualquier diputado que salga señalado por las investigaciones «tendrá que retirarse del Congreso Nacional sin ninguna consideración».

En un esfuerzo por diferenciar el escándalo actual de casos anteriores, Redondo intentó explicar que el sistema actual de gestión de fondos por parte de los diputados es diferente al controvertido Fondo Departamental del pasado, argumentando que los parlamentarios no manejan dinero directamente sino que gestionan recursos ante entes estatales.

Sin embargo, el «cheque video» demostró precisamente lo contrario de lo que sostiene Redondo, ya que evidenció que los involucrados efectivamente mandaban a cambiar los cheques a nombre de otras personas y les entregaban los recursos líquidos, reproduciendo exactamente las prácticas que caracterizaron al cuestionado Fondo Departamental.

En una controvertida comparación, Redondo intentó equiparar el escándalo del «cheque video» con las subvenciones legítimas que reciben organizaciones no gubernamentales con extensa actividad social, como fundaciones de lucha contra el cáncer infantil, de mama en mujeres, organizaciones religiosas y otras entidades que han operado por décadas con transparencia.

Esta equiparación generó críticas inmediatas, ya que los observadores consideran que trivializa la gravedad del uso de fondos públicos para fines electorales al compararlos con subvenciones a organizaciones benéficas legítimas que rinden cuentas de sus actividades.

El presidente del Congreso reveló que 220 congresistas de todos los partidos políticos han recibido ayuda social desde 2022, una cifra que busca distribuir responsabilidades pero que también evidencia la magnitud del sistema de distribución de recursos públicos a través de legisladores individuales.

Documentos a los que han tenido acceso medios de comunicación revelan que Cuéllar gestionó al menos 37.5 millones de lempiras a través de diferentes solicitudes al Congreso Nacional, incluyendo 6.5 millones en mayo de 2023 y 31 millones adicionales en septiembre de 2024, distribuidos entre varias secretarías de Estado.

El caso ha generado llamados desde diversos sectores para que Cuéllar siga el precedente establecido por Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, quien renunció a todos sus cargos tras el escándalo del narcovideo que lo vinculó con narcotraficantes en 2013.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, ha demandado que la investigación incluya no solo a Cuéllar sino también al propio Luis Redondo, argumentando que como presidente del Congreso autorizó las transferencias millonarias que ahora están bajo escrutinio.

El silencio mantenido por Isis Cuéllar desde la explosión del escándalo ha sido interpretado por analistas como una estrategia legal, pero también ha generado críticas por la falta de explicaciones públicas de una funcionaria de alto nivel que ocupa múltiples posiciones de poder: vicepresidenta del Congreso, presidenta de la Comisión de Defensa y Soberanía, vicepresidenta de Relaciones Internacionales, y subjefa de la bancada de Libre.

La crisis del «cheque video» se ha convertido en uno de los escándalos más graves que enfrenta el gobierno de Xiomara Castro, quien inicialmente prometió ser «implacable» contra la corrupción pero ahora enfrenta críticas por la demora en tomar medidas contundentes contra los funcionarios involucrados.

El caso también ha reavivado debates sobre por qué Honduras no ha logrado implementar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, con analistas sugiriendo que escándalos como este demuestran la resistencia interna a mecanismos de fiscalización internacional efectivos.

El permiso concedido a Cuéllar representa una solución intermedia que permite al gobierno proyectar colaboración con la justicia sin tomar la medida más drástica de solicitar su renuncia inmediata, pero que también podría interpretarse como una forma de proteger a una figura política clave del partido oficialista.

La efectividad de las auditorías ordenadas por Redondo será crucial para determinar si el sistema actual de gestión de fondos por parte de diputados puede continuar operando o si requerirá reformas estructurales para prevenir futuros casos de corrupción.

El escándalo ocurre en un momento particularmente sensible, a pocos meses de las elecciones generales, donde la credibilidad del partido oficialista en temas de transparencia y lucha contra la corrupción podría verse significativamente afectada por el manejo de esta crisis.

La situación de Cuéllar también plantea precedentes importantes sobre cómo el sistema político hondureño maneja casos de corrupción que involucran a figuras de alto nivel, especialmente cuando están simultáneamente enfrentando procesos legales y participando en procesos electorales.

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