Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, comparecieron ante el Ministerio Público para rendir declaración como testigos sobre los irregulares acontecimientos registrados durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, cuando numerosas urnas electorales no llegaron a tiempo a sus centros de votación.
Durante una sesión de más de dos horas y media con seis fiscales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y auditores, las funcionarias entregaron dos exhaustivos informes periciales que suman 1,168 folios y un disco duro de 1TB con información técnica relevante para la investigación.
Los documentos presentados fueron el «Informe de Auditoría forense sobre el cumplimiento normativo de los procesos de contratación realizados por el CNE en el marco de la preparación de las elecciones primarias 2025» y la «Auditoría forense sobre el proceso de entrega y recolección del transporte, custodia y vigilancia de la maleta electoral y kit tecnológico de las 856 JRV a los 327 centros de votación del municipio del Distrito Central».
Según explicó López, esta acción busca garantizar la aplicación del principio de objetividad establecido en el artículo 93 del Código Procesal Penal. La consejera también invocó el artículo 88 de la Constitución de la República, que ampara a los funcionarios públicos en el ejercicio de su defensa.
Las conclusiones del informe sobre la entrega de materiales a las 856 juntas receptoras de votos en Tegucigalpa señalan como responsable directo a Joel Ramos García, entonces coordinador del Proyecto de Transporte, quien habría concedido unilateralmente el contrato a la empresa Ingeniería Logística y Transporte.
Sorpresivamente, el documento también responsabiliza a las Fuerzas Armadas, institución que constitucionalmente tiene la misión de garantizar el transporte electoral, señalándolas como «el obligado ineludible de evitar el resultado que se produjo con el enorme atraso injustificado, ilegal y arbitrario, provocado en la entrega del material electoral a los centros de votación».
«Fue evidente la puesta en riesgo del proceso electoral por parte de las Fuerzas Armadas, por la interrupción del curso de traslado de las maletas electorales a sus centros de votación correspondiente», destaca una de las conclusiones del informe.
Durante la diligencia investigativa, centenares de militantes de los partidos Nacional y Liberal se congregaron a las afueras del hotel donde se realizó la entrevista para manifestar su respaldo a las consejeras López y Hall.
La investigación busca esclarecer por qué numerosas urnas, pese a haber salido a tiempo del centro de logística del CNE, fueron vistas circulando durante horas en distintos barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula —los principales distritos electorales del país— hasta que finalmente fueron interceptadas por personal del consejo para ser llevadas a los centros de votación, donde miles de ciudadanos esperaron por horas para poder ejercer su derecho al voto.
